La Ley 1307 de reasignación de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), promulgada este lunes por la presidenta Jeanine Añez, beneficia a las alcaldías, gobernaciones y universidades públicas del país con el desembolso de 200 millones de dólares, recursos de los que deberán informar «según requerimiento” a la Asamblea Legislativa, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
“En el marco del principio de transparencia, la Asamblea Legislativa Plurinacional realizará la fiscalización de la ejecución de los recursos reasignados a las entidades beneficiarias de la presente ley, debiendo estas informar según requerimiento”, precisa la disposición final segunda de la Ley 1307.
La norma —sancionada el 18 de junio por el Legislativo— autoriza de manera “temporal” el traspaso de hasta 200 millones de dólares en favor de los gobiernos autónomos y 11 universidades públicas, en un plazo de 15 días. Estos recursos serán reasignados hasta el 31 de diciembre del año en curso.
La Fundación Jubileo informó hace unos días que no se trata de una reasignación sino de una recuperación de los recursos confiscados en 2015, durante el gobierno de Evo Morales, por la Ley 767 que creó el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (Fpieeh), financiado con el 12% del IDH.
En los anteriores cinco años, el fondo tenía acumulados 524 millones de dólares, de los cuales ahora serán desembolsados 200 millones de dólares.
Jubileo recordó que la Ley 767 fue dictada por encima de la Ley de Hidrocarburos 3058 (2005), que en su artículo 57 establece que los ingresos por IDH deben ser destinados a los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo, pero no a las actividades hidrocarburíferas. Por esta razón sugirió la restitución total o anulación de la Ley 767.
Asignación de recursos
El artículo 3 de la Ley 1307 dispone la siguiente distribución de recursos: 78% para municipios; 15% para gobernaciones y 7% para universidades públicas. La norma promulgada por Añez instruye a municipios y gobernaciones emplear el 50% de esos recursos para la prevención, atención y contención del coronavirus, equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas.
El artículo 4 detalla que el 25% de los recursos que recibirán las regiones por efecto de esta reasignación deberán ser destinados a la provisión de alimentos para la población y programas de seguridad alimentaria.
El restante 25% de este fondo temporal deberá servir para el fortalecimiento de la producción local afectada por la cuarentena y por la paralización de actividades para disminuir la expansión de la pandemia.
Ahora, indica la norma, los municipios, gobernaciones y universidades públicas contarán con recursos adicionales para enfrentar la pandemia del Covid-19, que hasta la noche del domingo Bolivia ya suma 31.524 pacientes y 1.014 fallecidos.
“Hoy promulgamos la Ley que reasigna una parte de los recursos del IDH para Entidades Territoriales Autónomas y para universidades públicas, con el objetivo de resguardar la salud de los bolivianos y que esos recursos sirvan para la lucha contra el coronavirus, fortalecer la seguridad alimentaria y las actividades productivas para que el motor económico de nuestro país nos lleve adelante”, publicó Añez en su cuenta de Twitter.
Pagina Siete
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