La Fiscalía de Perú archivó una denuncia presentada contra la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y contra su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, falsificación de documentos e inducción a votar en sentido determinado en agravio del Estado peruano, según trascendió el martes (17.01.2023).
Medios locales informaron que la Fiscalía provincial contra el crimen organizado consideró que no corresponde «formalizar y continuar con la investigación preparatoria» que se inició contra Keiko y su padre, además de otros representantes de su partido, empresarios y funcionarios públicos.
Aunque la decisión, tomada por el fiscal Erasmo Benavides, no ha sido confirmada por los canales oficiales del Ministerio Público, la fiscal general peruana, Patricia Benavides, declaró este martes a los medios que «cada fiscalía desarrolla sus funciones como le corresponde y la instancia correspondiente».
«Esa es una investigación que no corresponde a mi despacho», acotó.
Abogados conformes con la decisión
Por su parte, el abogado Elio Riera, uno de los defensores del expresidente Fujimori, quien cumple 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, aseguró en Twitter que están «conformes con el pronunciamiento fiscal».
«No existe mérito para acusar a mi patrocinado por ningún delito. Oportunamente, daremos trámite a nuestro pedido por denuncia maliciosa», anunció.
La investigación se había iniciado a partir de una denuncia presentada en 2021 por el abogado y exjuez Malzon Urbina, quien acusó a Keiko Fujimori de presuntamente haber traído al país 1,25 millones de dólares desde Suiza para financiar su campaña electoral de ese año, que perdió frente al izquierdista Pedro Castillo.
Sin evidencias
En ese sentido, la fiscalía encargada sostuvo que durante las investigaciones «no se ha logrado verificar sospecha simple de la evidencia de una estructura organizativa sólida, de una voluntad colectiva y vinculante entre los investigados, lo cual constituye el núcleo sostenible de una red criminal».
«Se dispone ordenar el archivo de todo lo actuado, una vez consentida y/o recurrida y confirmada que sea la presente disposición», concluyó la resolución reseñada por medios locales.
Este caso no está vinculado con la investigación que sigue la Fiscalía Anticorrupción a Keiko Fujimori por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 20216.
Por este proceso, que se encuentra actualmente a la espera de pasar a juicio oral, el fiscal José Domingo Pérez ha solicitado 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, lavado de activos y fraude procesal.
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