Donald Trump sabe bien que los votantes estadounidenses no suelen premiar la sutileza. Pero en un aspecto, el presidente, durante su primer mandato, logró disimular su potencial. Los republicanos suelen quejarse de que las enormes rebajas de impuestos que implementaron entonces no contribuyeron a evitar una derrota electoral aplastante en las elecciones intermedias de 2018. Esto se debió a que, aunque acumulativamente cuantiosas, las rebajas se aplicaron poco a poco, y los votantes apenas parecieron notarlo. Una y otra vez, los republicanos insistieron en que “la prueba está en el sueldo”, con poco éxito. Incluso Paul Ryan, entonces presidente de la Cámara de Representantes y uno de los principales artífices de las rebajas, no logró comunicar su magnitud: se encontró señalando ajustes insignificantes que apenas habrían cubierto la membresía de un año en Costco, un popular supermercado.
Los republicanos están decididos a no repetir este error. Con los índices de aprobación del presidente desalentadores y los impopulares recortes al gasto en salud y bienestar social en camino, se enfrentan a una ardua batalla para mantener el control de la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias de noviembre. Por otro lado, pueden señalar una serie de recortes de impuestos que no llegarán gradualmente, sino de golpe.
Los estadounidenses pueden esperar cheques de reembolso de gran tamaño después de que finalice la temporada de declaración de impuestos en abril. El contribuyente promedio en 2026 recibirá $3,800 de reembolso del gobierno, en comparación con los $3,000 de las dos temporadas anteriores, según estima la Tax Foundation, un grupo de expertos. Además, habrá muchos titulares acaparantes como “sin impuestos sobre las propinas” y “sin impuestos sobre las horas extra”.
Incluso estos son solo el lado más visible de los esfuerzos de la Casa Blanca para impulsar la economía y hacer que los estadounidenses se sientan más ricos. Más allá de la bazuca de la Ley One Big Beautiful Bill, Trump cuenta con una serie de armas más sutiles. No son medidas de estímulo convencionales y, desde luego, no están dirigidas a los más necesitados. En cambio, estos esfuerzos encubiertos para inyectar más dinero en la economía beneficiarán a un puñado de los electores favorecidos de Trump.
La decisión más drástica es la de desmantelar las facultades de control fiscal del Servicio de Impuestos Internos ( IRS ). Joe Biden aumentó la plantilla de la agencia en 20.000 personas durante su presidencia, lo que contribuyó a aumentar los ingresos fiscales. Trump ha revertido esa medida. Como resultado, quienes intentan manipular sus impuestos tienen más probabilidades de salirse con la suya. En un artículo publicado en 2025, Nathaniel Hendren, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y sus coautores estimaron que 1 dólar gastado en mejorar la capacidad del IRS para auditar a los contribuyentes más ricos generó 12 dólares adicionales en ingresos fiscales.
Los ingresos adicionales que la oleada de contrataciones del Sr. Biden podría haber generado se han perdido. Y el caos en el IRS podría perjudicar aún más la recaudación. Un informe reciente del inspector general presentó un panorama escalofriante: los despidos y el cierre del gobierno en octubre y noviembre habían afectado a la agencia, dejándola gravemente retrasada en los preparativos para la temporada de impuestos de 2026. La acumulación de declaraciones de impuestos sin procesar ha empeorado. La contratación para la temporada de impuestos está muy retrasada. Una investigación del Laboratorio de Presupuesto de Yale estima que el efecto de 22,000 despidos en el IRS será una reducción de los ingresos de aproximadamente $10 mil millones este año y $20 mil millones para 2029.
De forma indirecta, todo esto generará más dinero en los bolsillos de los estadounidenses, o al menos en los de quienes no son escrupulosos en sus asuntos fiscales. Los miembros de este grupo tienden a ser adinerados, con declaraciones de impuestos complejas que facilitan el engaño y los recursos para explotar la aplicación laxa de las leyes. El 5% más rico de la población es responsable de aproximadamente la mitad de todos los impuestos impagos, según estimaciones del Laboratorio de Presupuesto de Yale.
La administración de Trump también está criticando las regulaciones que determinan cómo se aplican los impuestos. Con ello, ha brindado a las empresas numerosas oportunidades para pagar menos impuestos. Se ha reducido el alcance de los gravámenes sobre la recompra de acciones y se han reducido los intentos de combatir el uso de estructuras societarias complejas (y evasivas de impuestos). El Departamento del Tesoro también ha anulado la Ley de Transparencia Corporativa, una ley destinada a visibilizar el funcionamiento de las sociedades fantasma. En conjunto, estos cambios podrían resultar en que las empresas paguen, como mínimo, decenas de miles de millones de dólares menos en impuestos durante la próxima década. Muchos de los mayores beneficiarios serán empresas que ya se resisten a los límites legales para reducir sus impuestos.
El dinero que ahorran afectará a la economía, en cierto modo. Una menor recaudación fiscal implicará un mayor déficit público y, por lo tanto, un mayor gasto neto que se inyectará en la economía estadounidense, incluso si las exenciones fiscales para empresas e individuos adinerados no aumentan el gasto agregado tanto como las concesiones a los contribuyentes menos favorecidos. Esto podría contribuir a una euforia preelectoral y, eventualmente, a una desagradable resaca inflacionaria. Dado que algunas de las otras políticas de Trump —como el aumento de las barreras comerciales y la restricción de la inmigración— restringen la oferta de la economía, impulsar simultáneamente la demanda es especialmente peligroso. Lo será aún más si Kevin Warsh, el candidato de Trump para presidir la Reserva Federal, convence a sus colegas encargados de fijar los tipos de interés para que flexibilicen la política monetaria.
Un impulso final a las medidas de estímulo del Sr. Trump podría provenir de un sector inesperado. La Corte Suprema pronto dictaminará si los aranceles “recíprocos” impuestos a otros países por el Sr. Trump, en uso de poderes de emergencia, fueron ilegales. Si el tribunal falla en contra del presidente, es posible que la mayor parte de los nuevos ingresos arancelarios del año pasado, que ascienden a más de 100 000 millones de dólares (0,3 % del PIB), deba ser reembolsada. Ese dinero volvería a las cuentas bancarias de las empresas, no de las personas, por lo que probablemente el aumento del gasto solo aumentaría gradualmente. Aun así, sería un rayo de esperanza para el presidente, incluso si implicara la anulación de su política emblemática.
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Fuente: Infobae
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