Ximena Mendizábal, jueza tercera de Instrucción en lo Penal de Sucre, se contagió de Covid-19 el fin de año y aún ahora necesita oxígeno en las noches. Cuando estuvo en el hospital, temió que la vida se le iba. En su sala vio morir a al menos siete personas en los 28 días que estuvo internada en el Centro Centinela de Sucre.
Las otras tres amigas con las que asistió a una reunión el fin de año también se contagiaron probablemente ese día. Pero la jueza la pasó peor. Unos días después, su pareja y sus cuatro hijos también cayeron.
En ese tiempo, cuando vio que la vida se le va a uno en un cerrar y abrir de ojos, pensó en sus hijos. Más que la muerte, ellos eran su mayor preocupación. Pero también pensó en el rol que le toca desempeñar en este mundo como jueza. Fue entonces que le prometió a Dios, a quien nunca dejó de invocar, que iba a hacer el bien por sobre todo y que iba a actuar siempre conforme a ley. No es que antes no lo hacía, sino que hoy prometió vigilar mucho más sus propios actos.
Y la primera prueba de fuego le llegó el 14 de marzo: dio libertad irrestricta a un perseguido del Gobierno, aun sabiendo que habría consecuencias, las que no tardaron en llegar y todavía hoy las sufre. Sigue siendo víctima de hostigamiento. Su caso es una muestra de cómo el miedo tiene subyugados a los operadores de justicia en el país.
¿Después de qué tiempo de haber superado la Covid-19 le tocó resolver el caso del líder de la Resistencia Juvenil Cochala?
El caso me llega un domingo 14 de marzo a las diez de la noche. Yo estaba de turno. No soy la titular del caso. El proceso se encuentra radicado en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal. Pero como estaba de turno, tenía que asumir todo lo que me llegara. Y señalé la audiencia para las nueve de la mañana del día 15.
En ese momento, el señor Yassir se presentó sin abogado. Luego su defensa manifestó que tenía un abogado particular… Entonces se hizo el cuarto intermedio para que la defensa pueda revisar los antecedentes del proceso. A la una de la tarde se continuó con la audiencia y duró hasta un poco más de las siete de la noche.
Usted concedió libertad irrestricta a Yassir Molina. ¿Por qué tomó esa decisión?
En toda la prueba que se adjuntó, que eran más de 400 hojas, no encontré un solo elemento que acredite la participación de Molina en los hechos que se le imputaban. Había como 30 declaraciones y otros tantos informes de personal del Fiscal General, y en ninguna de las declaraciones e informes se acreditaba su participación. Evidentemente hubo un hecho: el pintarrajeado de las paredes de la Fiscalía General, el ruido de los petardos, la destrucción de un ventanal y una pequeña quema de una cortina. Pero ninguno de los funcionarios, que eran testigos de la Fiscalía General, señalaron que el señor Yassir hubiera estado presente o que hubiera sido visto en el lugar de los hechos.
¿Y cuál era la imputación contra Yassir Molina?
Se le imputó por fabricación, tenencia, portación y uso de armas no convencionales. Pero lo que se secuestró fueron petardos y matasuegras, que no son armas no convencionales. Tampoco se trajo pruebas de que este señor estaba fabricando armas no convencionales o que él haya sido el que haya usado un petardo en las puertas de la Fiscalía General, o que haya impedido que los funcionarios salgan del edificio. Entonces, si no existe la probabilidad de autoría, no se puede detener a una persona.
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También se le acusó por organización criminal. Y en los fundamentos de la Fiscalía y de la víctima nunca se me acreditó que este señor haya sido líder de una organización criminal o que ésta exista, porque una organización criminal tiene que tener ciertas características. Por todo eso dispuse su libertad irrestricta.
Cuando usted tomó esa decisión, ¿sabía que habría consecuencias?
Sabía que tenía que asumir lo que venga por esa decisión. Pero yo no estaba juzgando al líder de la Resistencia Juvenil Cochala. Yo sólo realizaba mi trabajo. Y ese señor puede ser muy líder, pero era un ciudadano más que pisaba mi juzgado. No era un ciudadano ni especial, ni más ni menos que otros que pasaron por mi juzgado.
¿Y por qué temió que habría consecuencias?
Porque ya he vivido situaciones parecidas. La vez que he sacado algo en contra de ciertas organizaciones políticas o sociales o de alguna persona que forma parte de estos grupos, he tenido que aguantar procesos disciplinarios y penales, persecución en mi juzgado, que me revisen todo todos los días, que me pidan informes por todo y por nada. Todas esas cosas he soportado y he ganado muchos amparos haciendo que me devuelvan mi sueldo por haberme suspendido ilegalmente. Sabía que de alguna forma iba a haber represalias.
¿En qué momento llegó la primera consecuencia y en qué consistió?
Primero fue la amenaza del Ministro de Justicia que manifestó que se iban a tomar acciones en mi contra (cinco días después de la amenaza de Iván Lima, la jueza fue suspendida por un mes sin goce de haberes). Luego vinieron una serie de memes atribuyéndome palabras que yo no dije, desprestigiándome. Por ejemplo, se subió una foto de mi persona en un despacho donde está la foto de Evo Morales y supuestamente era de mi persona junto a la mamá de Yassir Molina. Yo no soy esa persona que está en esa foto. A través de memes me inventaron una lista de procesos que yo no tengo, como un proceso por la Ley 1008 de sustancias controladas. No conozco siquiera qué es una sustancia controlada. Además, sacaron una omisión en una declaración jurada de 11 bolivianos.
Usted dio libertad a Yassir el 14 de marzo y el 19, sólo cinco días después, ha sido notificada con la suspensión de sus funciones sin goce de haberes.
El 19 me notificaron, pero lo raro es que la Radio Kausachun Coca de Chapare informó el 17 de marzo que me iban a notificar. Yo no sabía. Esa radio informó que me iban a notificar el 19. ¿Cómo lo sabían?
Después de la notificación, llegaron las amenazas telefónicas a mi pareja. Otras amenazas a mi hijo en su trabajo y luego la intoxicación de mi hijo.
¿Intoxicación? ¿Cómo es eso?
Un par de personas invitaron a mi hijo supuestamente Coca Cola en su trabajo. Lograron que tomara la soda. Mi hijo probó un trago y al salir de su oficina, uno de ellos le tocó el hombro y le dijo: “¿qué tal la Coca colita?”. Y a la 1:30 de la mañana mi hijo entra a mi habitación totalmente indispuesto. Comenzó a vomitar sangre. Mi hija y mi hijo, que son médicos, me dieron las indicaciones vía videollamada y gracias a Dios logró superar esto.
Posteriormente vinieron las visitas de inspección de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura. La secretaria del director distrital de la Magistratura me pedía informes sobre la apelación de Yassir.
¿Y le corresponde al Consejo de la Magistratura hacer ese tipo de exigencias?
No. Cuando yo le pregunto a la funcionaria de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura quién es el que denuncia, porque sólo ellos pueden ingresar a inspeccionar o pedir informes cuando hay una denuncia, me dice que la denuncia ha sido verbal y que ha sido del Ministerio de Justicia.
Cuando yo le digo que el Ministerio de Justicia no es parte del proceso, me dice: “Ah, me he equivocado, es del Ministerio Público”. Y resulta que ni el Ministerio de Justicia ni el Ministerio Público han hecho ninguna denuncia. En todo caso, si la denuncia hubiera sido verbal, tendría que haberse tomado un acta de esa denuncia con nombre y apellido y el carnet del denunciante. No había nada.
Extrañamente, además, el Ministerio Público nos exigía desesperadamente el video de la audiencia. El video solo se sube cuando la secretaria termina de realizar su acta. Entonces, no les podíamos dar el video de la audiencia, pero proporcionamos el video en flash memory a la Fiscalía departamental para que dejen de hostigarnos. Cada 20 minutos nos llamaban o aparecía un funcionario de la Fiscalía departamental en la oficina.
Y luego aparece apelando la Procuraduría General del Estado, que no era parte del proceso, con fundamentos expuestos solamente en el video. Para mí, ahora que no estoy con el caso, puedo emitir ciertas cosas: la Procuraduría sólo puede intervenir cuando hay un daño económico al Estado a partir de los siete millones de bolivianos.
¿Qué tenía que ver en esto la Procuraduría?
Nada. Yo no sé por qué ellos se apersonaron y presentaron su apelación. Además, yo no tengo facultad para observar una apelación. Son los vocales los que tienen que hacer el juicio de admisibilidad. Los de la Procuraduría, después de dejar su memorial personalmente, vinieron varias veces a preguntar si ya se había enviado.
¿Y la siguen presionando?
Sí. Este el lunes (26 de abril) se me ha notificado con el inicio de un proceso disciplinario porque supuestamente he mandado a destiempo la apelación del señor Yassir. Yo no soy la que manda las apelaciones, es la secretaria. Yo no tenía secretaria en ese momento, estaba con una auxiliar. Los plazos no corren cuando estamos en suplencia. Y se me responsabiliza a mí por un retraso que no existe.
Y ahora, en este proceso disciplinario que se me abre, aparece como denunciante el señor Mateo Alandia, que es director distrital del Consejo de la Magistratura, y ese señor no ha estado presente en la audiencia, no ha venido a revisar el proceso, ¿cómo ha podido hacer una denuncia de cosas que no sabe?
Lo que usted vive es acoso.
Es una persecución ilegal la que estoy viviendo hoy.
Cuando el Gobierno está en esto –el Gobierno está metiendo presos a todos los que considera que han estado detrás del “golpe”–, ¿qué hace un juez ante tanto acoso?, ¿adónde puede acudir ante una situación así?
No sé adónde recurrir. Me he enterado además que al día siguiente que mi persona dictó la resolución –tengo testigos de esto–, funcionarios del Consejo de la Magistratura han ido a exigir que se me abran procesos disciplinarios y que se me busque cualquier cosa. Y han sido escuchados y vistos por testigos.
Usted sabe que la Corte tiene paredes de cartón y se escucha todo. Se ha ido a exigir que se saquen inmediatamente certificaciones de los procesos disciplinarios que he tenido, cuando todos ya están cerrados y han prescrito. Hace tres años que no tengo procesos disciplinarios.
¿Se puede deducir que el Consejo de la Magistratura está totalmente funcional al Gobierno?
No lo sé. Pero así parece. No tengo pruebas, pero así parece. Yo no puedo denunciar a los magistrados del Consejo de la Magistratura por haberse tardado tres años y nueve meses en un proceso disciplinario que debe durar a lo máximo seis meses, porque ellos gozan de caso de corte, y no se puede abrir un proceso disciplinario contra ellos.
Después del triunfo del MAS en las elecciones, en Buenos Aires Evo Morales dijo que todos los casos judiciales contra él iban a caerse. Ni bien llegó al país, todos los casos en su contra y de sus exministros y dirigentes quedaron archivados. Y también a partir de entonces fueron metiendo a la cárcel a opositores con procesos indebidos incluso. ¿Qué está pasando con nuestros jueces y fiscales? ¿O son militantes o es que tienen miedo?
Yo creo que es lo segundo. Yo creo que tienen miedo. Hay excelentes jueces en Bolivia y Chuquisaca, muy preparados. Prueba de ello Chuquisaca es el que menos carga procesal tiene a nivel nacional. Pero yo creo que es como si uno tuviera una espada de Damocles encima y uno sabe lo que le va a pasar si es que actúa de esta forma o de otra forma.
¿Y usted tiene miedo?
Tenía miedo, pero ahora no, porque sé que al que hace cosas chuecas, pronto se le va a descubrir. Si quieres que te traten con injusticia, trata con injusticia.
HOJA DE VIDA
- Origen Nació en Sucre. Tiene cuatro hijos.
- Formación Estudió en la Universidad San Francisco Xavier.
- Carrera Fue oficial de diligencia, auxiliar y secretaria de juzgado, juez en Santa Lucas, Camargo y Yotala, abogada libre y desde hace 10 años es jueza cautelar.
Página Siete
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