La situación legal del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) está en incertidumbre luego de que en tres días se emitieran dos resoluciones judiciales contradictorias sobre la orden de captura en su contra por un caso de trata agravada de personas.
El miércoles, la jueza Lilian Moreno, del Tribunal Departamental de Santa Cruz, emitió una resolución que anulaba la orden de captura contra el exgobernante emitida en la región de Tarija, en octubre del año pasado, según confirmó a EFE su abogado Nelson Cox.
Cox aclaró que la medida judicial se da después de que la defensa de Morales presentara hace unas semanas ante Moreno un trámite de queja para que el caso radicado en Tarija pasara ante un «juez natural» en Villa Tunari, en la región central de Cochabamba, bastión político y sindical de Morales y donde permanece desde noviembre.
La investigación penal contra el expresidente es por haber mantenido, según la Fiscalía, una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo, cuando Morales era presidente.
La orden de aprehensión fue refrendada por un juez en Tarija que además emitió una declaratoria de rebeldía contra Morales por no asistir en dos ocasiones ante su autoridades por el caso que se investiga.
El fallo judicial de Moreno fue recibido con alegría por el exmandatario, quien afirmó que «después de mucho tiempo» sintió «que llegó la justicia».
Según su abogado, la decisión de la jueza Moreno otorgaba la «libertad irrestricta» al político y eliminaba cualquier posibilidad de que fuera apelada.
Al conocerse el fallo judicial, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, cuestionó la disposición de Moreno.
«No compartimos la posición de jueces que permiten a ciudadanos procesados por hecho de pedofilia burlarse de la justicia. Primero, nuestros niños», publicó Saucedo en su cuenta de X.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció que esta instancia «iniciará las investigaciones correspondientes» del caso.
Morales cuestionó las posiciones de ambos magistrados y dijo que «no respetan» la independencia de los funcionarios judiciales.
Este viernes, se emitió un nuevo fallo judicial, esta vez firmado por el juez Franz Zabaleta, de La Paz, quien dispuso que se mantenga activa la orden de aprehensión en contra de Morales.
El fallo judicial de Zabaleta señala que «como medida cautelar se ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada» en el caso.
Menciona también que dicha «medida cautelar» se mantendrá «entre tanto no se resuelva la presente queja».
La respuesta de la defensa de Morales no se hizo esperar. Uno de los abogados del expresidente, Wilfredo Chávez, repudió la resolución judicial de Zabaleta.
«Nosotros repudiamos esa actitud que está en contra del derecho, es antinatura y obviamente sabemos que eso obedece a presiones políticas», dijo Chávez a los medios locales.
El abogado señaló que la resolución que el juez de La Paz emitió «no tiene valor legal» porque no puede disponer «una acción de libertad sobre otra», según dicta la normativa boliviana.
Explicó además que la decisión de la jueza Moreno «tiene que cumplirse» ya que no hay otro procedimiento legal que pueda frenarla, de lo contrario habría «un caos jurídico».
«Obviamente deben darse las vías para que quede anulada esta decisión (la del juez Zabaleta) por ilegal, por inconstitucional, hay una sobreprosición de funciones del juez», añadió Chávez.
Por su parte, Morales afirmó que el fallo de Zabaleta «es una expresión» de «desesperación» del Gobierno de Luis Arce y atacó a Zabaleta, quien «tiene nefastos antecedentes», según el expresidente.
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Morales se mostró confiado en que su libertad «está garantizada», por lo que confirmó que el 16 de mayo marchará hacia La Paz para inscribirse como candidato a la Presidencia con miras a las elecciones generales.
Fuente: EFE
