La canciller del Estado Karen Longaric envió una nota a siete organizaciones internacionales para denunciar la vulneración de los derechos humanos de los pacientes con coronavirus (COVID-19) afectados por los bloqueos en el país y protagonizados por sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
«Las medidas adoptadas por estos sectores, que están motivadas por razones políticas, tienen fuertes efectos sobre el sistema de salud del país, impidiendo que pueda movilizarse el personal médico, que circulen ambulancias, y que se transporte medicamentos, insumos médicos y oxígeno para los pacientes contagiados con COVID-19», señala el documento.
La Canciller aseguró que estas movilizaciones «violan flagrantemente» los derechos humanos de la población y constituyen «hechos delictivos» que se intentan controlar porque no pueden ser considerados como protestas pacíficas.
La nota está dirigida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), UN Human Rights, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización de los Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Unión Europea y al Parlamento Europeo.
Advirtió que cualquier medida adoptada por las autoridades para enfrentar dichas protestas es rápidamente denunciada por el MAS y el expresidente Evo Morales como «opresión política, cuando en realidad son acciones necesarias para precautelar la salud de todos los bolivianos».
El derecho a la salud está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12. También se encuentra reconocido en el Sistema Interamericano, en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) en su artículo 10, detalla la nota.
Al respecto, ratifica que los actores políticos que impulsan estos bloqueos violan estos preceptos esenciales.
«Ni en situaciones críticas de conflictos armados puede restringirse la circulación de medicamentos y ambulancias a los centros sanitarios, o tomarse medidas violentas contra el personal de salud, como está ocurriendo actualmente en Bolivia por parte de estos grupos, en clara contravención a los principios del Derecho Internacional Humanitario», aclaró.
La Canciller agregó que en la marcha del 29 de julio, organizada por la Central Obrera Boliviana se registraron ataques contra una ambulancia y miembros de la prensa. Sucesivamente, se produjeron incendios provocados, bloqueos y destrucción deliberada de carreteras con el ánimo de impedir el paso de insumos médicos esenciales, vulnerando de esta manera el derecho a la salud de la población.
«Ante esta alarmante situación, y ante el peligro y vulnerabilidad que estas acciones irresponsables generan para los bolivianos, el Gobierno de Bolivia solicita que los organismos internacionales se manifiesten censurando la flagrante violación de los Derechos Humanos que provocan las movilizaciones impulsadas por estos actores políticos. Las manifestaciones y bloqueos promovidos por grupos afines al expresidente Morales están poniendo en peligro la vida de miles de bolivianos, y esto no puede ser consentido por los organismos internacionales, como tampoco puede ser ignorado el hecho que no es la primera vez que el expresidente Morales llama abiertamente a la confrontación», agrega el documento.
Longaric también manifestó su desconcierto y preocupación porque importantes organismos internacionales callan respecto a los abusos, provocaciones y violaciones a derechos humanos perpetrados por el MAS y Evo Morales desde su asilo o refugio en Argentina, siendo que inclusive la opinión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha dejado en claro que el asilo no puede ser utilizado para generar incitación a la hostilidad o la violencia en el país de origen.
ABI
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