Familiares y abogados de los exjefes militares que fueron encarcelados por el caso del supuesto golpe de Estado exigieron ayer a Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), dar la cara y declarar que no hubo ninguna ruptura de la cadena de mando durante los conflictos sociales de noviembre de 2019. Las aseveraciones fueron hechas a horas de que se inicie el juicio oral contra la expresidenta Jeanine Añez, siete exjefes militares y un excomandante de la Policía por el denominado caso golpe II.
Familiares y abogados de los militares detenidos llegaron hasta predios de la Plaza Murillo para pedir justicia y la liberación de los sindicados. Aseguraron que los exjefes encarcelados respetaron la Constitución Política del Estado (CPE).
Eusebio Vera, abogado de los excomandantes Jorge Terceros (FAB) y Palmiro Jarjuri (Armada), dijo que Kaliman debería dar la cara y declarar sobre lo ocurrido en 2019, pero al no conocerse su paradero, será juzgado en rebeldía, en un juicio que, de iniciarse, incurrirá en ilícitos.
Por su parte, Juan Mendieta, hijo de Pastor Mendieta, excomandante del Ejército, refirió a Página Siete que “lo único que le diría (a Kaliman) es que diga la vedad de lo que ha pasado, y que diga que nunca hubo una ruptura del orden de mando en ningún momento”.
Los allegados de los uniformados consideran que está en manos de Kaliman desvirtuar la acusación por el supuesto golpe, ya que él era en ese entonces comandante de las FFAA, y sabe que los militares, ahora detenidos, cumplieron con la Constitución y no hubo ruptura de la cadena de mando.
Geraldine Antezana, esposa de Mendieta, aseguró que su pareja “nunca ha hecho nada, sólo ha cumplido con su trabajo”. Katherine Antezana Fernández, representante de los detenidos políticos en La Paz, exigió justicia para los uniformados y señaló que ellos se apegaron a las leyes y dieron 35 años de servicio a las FFAA.
El abogado Vera dijo que el inicio de juicio por el caso golpe II, programado para el 10 de febrero, no debería iniciarse, porque existen una serie de incidentes y apelaciones pendientes por resolverse. De lo contrario, los jueces incurrirían en delitos, alertó.
“Así como está (el caso) los jueces que tienen a cargo o van a conocer el juicio, se tendrían que someter a una denuncia por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”, advirtió Vera.
Juan Javier Peñaloza, abogado de Mendieta, coincidió que hay varios pendientes, lo que imposibilita iniciar el juicio.
“Para ingresar a juicio todas estas cuestiones deben estar completamente saneadas. Se debe entrar con cuestiones saneadas, no con cuestiones pendientes que a la fecha no han sido discutidas aún”, manifestó el jurista.
Además, los dos abogados hicieron notar que existen otras ilegalidades que deben subsanarse antes, entre ellas: el inicio del juicio debía convocarse en un plazo de 20 a 40 días, pero se lo hizo en 17; no se notificó con las acusaciones particulares a todas las partes; la tesis acusatoria de la Fiscalía es genérica, no individualiza supuestas responsabilidades de los militares; un juez en suplencia dictó el auto de apertura de juicio, y no el presidente del tribunal, quien es el juez natural, entre otras.
Peñaloza anunció que, apenas se inicie el juicio, oficializará sus reclamos ante el Tribunal para que se haga el saneamiento respectivo.
Los juristas indicaron que, si el juicio se inicia con esas irregularidades, los jueces del tribunal podrían ser procesados por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
Por otra parte, Alain de Canedo, abogado de la exmandataria Añez, señaló que las audiencias del juicio oral serán virtuales y no presenciales, situación que fue observada.
“Se señala audiencia de inicio de juicio oral, público y continuo, para el día 10 de febrero de 2022 a horas 9:00, debiendo constituirse en Sala de Audiencia virtual bajo el sistema Cisco Webex, los miembros del Tribunal, las partes, los testigos de cargo y descargo y los peritos ofrecidos por las partes”, se lee en el auto de apertura de juicio oral.
Los nueve acusados serán juzgados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Página Siete
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