La legisladora hizo varias autocríticas, señaló que para desmontar el “Estado tranca” que dejó el MAS deben modificar la Ley General del Trabajo y criticó el papel de los “coordinadores” del Ejecutivo que no “limpian” a las roscas de funcionarios.
Los 90 días del gobierno del presidente Rodrigo Paz evidencian serios problemas de trabajo entre los ministros, “coordinadores” y la Asamblea Legislativa, que impiden desmontar el “Estado tranca” que les heredó el MAS, esa fue la evaluación que dio la diputada de la bancada oficialista PDC, Sandra Rivera.
En entrevista con el programa Qué Semana de EL DEBER, la legisladora señaló que uno de los “lamentables errores” que debe corregir el Partido Demócrata Cristiano (PDC), como parte del Gobierno, es la evaluación y aprobación para la designación de los colaboradores del presidente Paz.
“Creemos que, haciendo una autocrítica, hemos dado excesiva libertad al señor presidente en la elección de sus autoridades, lastimosamente el PDC (como bancada) no tienen ninguna representación en el Ejecutivo, nos hemos sumado a estas designaciones desde la Asamblea confiando en la meritocracia”, sostuvo Rivera.
Asimismo, denunció que, desde el Ejecutivo “alguien muy inteligentemente irresponsable” dio la orden de no recibir a ningún diputado, pero que gracias a la actitud seria de algunos ministros dicha instructiva no se llegó a concretar, en el marco de que debe existir coordinación entre ambos poderes del Estado.
La legisladora señaló que a 90 días de asumir el mando del país se identificó que varios de los ministros, directores y “coordinadores” designados por el presidente y su entorno cercano tienen una mirada “del siglo pasado”, o que no fueron parte de la campaña y los compromisos que asumieron con el programa de gobierno.
No obstante, reconoció que los tres primeros meses de Gobierno, tanto desde el Ejecutivo como el Legislativo se enfocaron en dar soluciones a problemas coyunturales, como resolver el conflicto social por la eliminación de la subvención al combustible, mejorar los ingresos y la designación autoridades idóneas, apoyar el proceso para las elecciones nuevas autoridades de gobiernos autónomos municipales y departamentales, además de dar legalidad al trabajo de los magistrados elegidos y remarcó que la nueva gestión halló un “Estado desordenado, caótico”.
“Coordinadores”
Rivera identificó como una dificultad para ordenar el Estado, el trabajo deficiente de los que denominó “coordinadores” designados desde el Ejecutivo, que no cumplen las funciones que se les asignó.
“Desde la Asamblea y desde otros espacios se denuncia e impulsa la expulsión de estas camarillas (de funcionarios del MAS), pero por extraños motivos, los sacan de una institución y los llevan a otra. Definitivamente hay que seguir limpiando el Estado”, expresó.
La diputada admitió que el recambio de los funcionarios no es una tarea sencilla, pero debe hacerse de manera que no golpee los intereses del ciudadano y no cause una descoordinación con el Legislativo.
En ese contexto, Rivera detalló a EL DEBER que las anteriores estructuras de funcionarios del MAS pusieron “candados” a la legislación laboral, que impide su destitución y procesamiento por posibles actos de corrupción, al punto de considerar necesaria la modificación de normativas internas de varias instituciones y tocar la Ley General del Trabajo, con el fin de levantar esa protección a los funcionarios del denominado “proceso de cambio”.
“Como bien lo dijo el señor presidente, son mafias, con cúpulas, camarillas. Voy a comentar algo que he visto, veo a muchas autoridades en posición de ministros, viceministros, directores o gerentes, que no pueden moverse, no pueden cambiar a sus asesores, a los gerentes, a sus jefaturas porque chocan con la Ley General del Trabajo y la normativa interna”, explicó Rivera.
Rivera reflexionó sobre algunas medidas que el presidente Paz aplicó sin una debida coordinación con la Asamblea Legislativa, como el pedido de aprobación de más prestamos, sin cumplir con los informes sobre su ejecución. Puso como ejemplo lo ocurrido con el Decreto Supremo 5503, “jalado de los cabellos” que propició la movilización de los grupos afines al anterior gobierno.
Señaló que dicho decreto era una muestra que desde el Ejecutivo no tiene aún una lectura adecuada de la realidad del país.
Fuente: El Deber
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