El Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, rechazó las medidas de protesta anunciadas para este lunes 10 de febrero, cuestionando la intención de bloquear caminos cuando el Gobierno ofreció espacios de diálogo. “No se entiende que se convoque a un paro cuando se han abierto instancias de conversación para resolver nuestras diferencias”, declaró la autoridad.
En defensa de la política económica del Gobierno, Montenegro destacó los avances en el proceso de industrialización del país, señalando que varias obras están por concluir. Mencionó, por ejemplo, la entrega de la fábrica siderúrgica del Mutún el próximo 21 de febrero y la puesta en marcha de plantas productivas dedicadas a la elaboración de biodiésel.
“La industrialización es un proceso extenso, pero estamos avanzando correctamente. El pueblo boliviano es testigo de estos cambios estructurales que fortalecerán nuestra capacidad productiva”, afirmó.
El paro multisectorial fue definido el pasado 5 de febrero en un ampliado realizado en Tarija, en el que participaron sectores productivos, industriales, exportadores, gremiales y transportistas. La movilización rechaza la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), la cual, según sus opositores, otorga facultades al Gobierno para confiscar productos y realizar controles fiscales más rigurosos en la cadena productiva.
Diferentes regiones anunciaron cómo ejecutarán la protesta. En Santa Cruz, la medida comenzará a las 08:00 con una concentración en la plaza del Cementerio General y continuará con una reunión de gremiales por la tarde. El Comité Pro Santa Cruz, liderado por Fernando Larach, expresó su respaldo a la iniciativa, aunque descartó bloqueos. “Los sectores movilizados dejarán de trabajar y saldrán a manifestarse, pero no es un paro cívico con restricciones”, aclaró el dirigente cívico.
En La Paz, gremialistas y transportistas se concentrarán en la Avenida Perú y la zona del Cementerio General. En Cochabamba, el punto de encuentro será la esquina de San Martín y Punata. Rubén Quisbert, dirigente de la Federación Departamental de Gremiales de La Paz, indicó que la disposición séptima afectará gravemente a su sector y exigió su abrogación. Domingo Ramos, representante del transporte pesado, aseguró que su gremio participará activamente en las manifestaciones.
En Potosí, el Comité Cívico planea movilizaciones con la misma demanda, mientras que el Comité Pro Cívico de La Paz también se pronunció en contra de la disposición. Flavio Chacón, su dirigente, advirtió que, si el Gobierno no atiende sus demandas, podrían sumarse a un paro nacional.
Héctor Mercado, de la Cámara Nacional de Transporte Pesado, ratificó que su sector paralizará actividades y participará en el paro. “Nos adherimos a la protesta por 24 horas en rechazo a la disposición séptima. No bloquearemos carreteras, pero detendremos nuestras unidades de transporte”, enfatizó.
El Encuentro Multisectorial de Tarija estableció que la movilización se mantendrá si el Gobierno no deroga la disposición. Si la medida sigue vigente, advirtieron que podría haber una radicalización de las protestas.
En Oruro, donde el 10 de febrero es feriado por su aniversario, diversas organizaciones se han autoconvocado para una masiva manifestación. Jorge Gutiérrez, de la Cámara Departamental de Transporte Pesado, indicó que no se realizará el desfile cívico habitual, sino una protesta. “No sólo rechazamos la disposición séptima, también exigimos atención a otras demandas regionales”, afirmó.
En El Alto, la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB), liderada por Toño Siñani, optó por movilizaciones escalonadas y no se sumará al paro multisectorial. Siñani señaló que su organización realizará protestas en distintas regiones en fechas programadas y desconoció la convocatoria del encuentro en Tarija.
BD
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