El director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Carlos Ágreda, informó a EL DEBER que la entidad inició una investigación administrativa contra una fundación y seis radios que obtuvieron licencias y frecuencias en procesos poco transparentes, durante la gestión del presidente Luis Arce.
La organización observada se denomina Fundación Comunicación Libertad y Democracia, que inicialmente logró la personería jurídica bajo la categoría de “sin fines de lucro”. Bajo esa figura lograron obtener seis licencias de funcionamiento e igual número de frecuencias para la cadena de radios denominada “Onda Colectiva”, que operaban en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Potosí y Cochabamba.
Ágreda remarcó que, hasta el momento, en los documentos revisados en la ATT, relacionados a dichas emisoras, no figura el nombre de Gabriela Alcón.
No obstante, el nexo de dichas radios con la exviceministra Alcón y exfuncionarios de esa cartera de Estado, lo señala la diputada Lissa Claros, de la bancada Libre. La misma, presentó una denuncia ante la Fiscalía, en la que afirma que Alcón es propietaria de las emisoras y que logró la personería jurídica de la Fundación Comunicación, gracias a un tráfico de influencias.
Versión de la ATT
“Lo que nos llamó la atención sobre la otorgación de las licencias (por parte la anterior gestión de la ATT, en favor de las radios de Onda Colectiva), que son seis y hay otras dos en trámite, es que no parece que cumplieron con los estándares de transparencia, que debe haber en la asignación de estas frecuencias (radiales). Además, se acogieron a un régimen particular, que es el de las radios comunitarias (sin fines de lucro), aunque, por la información que nosotros tenemos, parece que cumplían tareas que están más ligadas a radios comerciales que a una de servicio social”, detalló Ágreda.
Por otro lado, en la ATT se hallaron contratos entre las radios de la cadena Onda Colectiva y el Ministerio de la Presidencia. Los documentos, explicó el director Ágreda, fueron remitidos a las actuales autoridades de esa cartera de Estado, con el fin de que se corrobore la legalidad y el cumplimiento de los mismos.
Remarcó que por el momento no fueron notificados con los requerimientos solicitados por la diputada Claros. Afirmó que iniciaron con la investigación interna de oficio, luego de conocer de la denuncia penal contra Alcón, en medios de comunicación.
“No llegaron notificaciones, pero como le comentaba hicimos un trabajo interno, con la revisión de todos los documentos y encontramos una serie de elementos que no están sujetas a la normativa y dieron lugar a una detallada revisión de expedientes, a fin de constatar si toda la documentación que se presentó en la parte técnica es consistente con lo que se declara en las solicitudes de las licencias”, aseveró Ágreda.
El director no quiso adelantar criterio sobre los posibles procesos penales, pero en cuanto a las sanciones administrativas, mencionó que, independientemente de que el caso esté ligado a una exautoridad, la norma establece que si se verifican las ilegalidades la ATT retirará las frecuencias de Onda Colectiva.
El vínculo
“La señora Gabriela Alcón es señalada por presuntas irregularidades que incluyen tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito (…) Los cuestionamientos incluyen además un presunto trato preferencial en la asignación de publicidad estatal: solo YPFB habría adjudicado más de 650 mil bolivianos en contratos, montos que superan ampliamente los otorgados a otras emisoras con mucho más alcance de audiencia”, señala parte de la denuncia presentada por la diputada Claros ante la Fiscalía de La Paz.
La legisladora también sostiene que con solo “tres contratos con entidades estatales, Onda Colectiva obtuvo un beneficio de más de Bs 2 millones”, calificado por la diputada como un daño económico al Estado.
En su demanda, Claros solicita a la Fiscalía que inicie una investigación por medio de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), para todo el patrimonio y las cuentas bancarias de Alcón, además de exigir su arraigo y su aprehensión inmediata.
En la parte final de su memorial, la diputada solicita que se convoque, en calidad de testigos, a tres exfuncionarios del Viceministerio de Comunicación, quienes tramitaron la personería jurídica de la Fundación Comunicación y figuran como socios de la misma.
En contacto con EL DEBER, uno de los socios de Onda Colectiva, indicó que no fue notificado con la denuncia penal, y señaló que debe consultar a un abogado antes de dar una declaración sobre el tema.
Este medido de comunicación también llamó y escribió las consultas a la exviceministra Alcón, pero la misma no respondió.
En las redes sociales de las radios de la cadena Onda Colectiva se tienen publicaciones hasta el 31 de diciembre, fecha en la que al parecer dejaron de operar todas las emisoras en los cuatro departamentos.
El Deber
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