La mañana de este martes los dirigentes de la Fejuve de la ciudad de El Alto de la gestión 2003, Rufo Calle y Roberto de la Cruz, presentaron una misiva en palacio de gobierno solicitando a la presidente Jeanine Áñez pueda viabilizar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín.
De la Cruz manifestó que tomaron esa determinación ante la “negligencia” que tuvo el gobierno del MAS, que no hizo lo suficiente para promover la extradición de las dos exautoridades acusadas de ser los autores intelectuales de las muertes en la denominada “Guerra del Gas”.
“Ante la dejadez de evo Morales que no demostró extraditar a Goni y Zorro Berzaín ahora estamos pidiendo al nuevo gobierno, a la presidente Jeanine Añez para que pueda lograr la extradición de los masacradores intelectuales de octubre 2003”, señaló el dirigente.
El exlíder vecinal agregó que también cursaron una misiva a la canciller del estado Karen Longaric para que pueda brindar un informe respecto al avance del trámite de extradición de las dos ex autoridades.
El exdirigente sostuvo que en octubre de 2003 el gobierno de Sánchez de Lozada provocó la muerte de 68 personas durante esas jornadas en la ciudad de El Alto, Warisata y Río Abajo, sin embargo, otras fueron perdiendo la vida posteriormente a causa de las heridas que presentaban. Los delitos de lesa humanidad que fueron cometidos en ese mandato hasta la fecha no tienen a los verdaderos responsables en la cárcel, como era el pedido de las víctimas de la «Guerra del Gas», sostuvo.
De la Cruz puntualizó que los familiares y víctimas de Octubre Negro esperan que el actual gobierno impulse la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro de defensa porque sienten que no encontraron justicia y solo fueron utilizados como bandera para que otros lleguen al poder.
En abril de 2018, el jurado civil de la Corte Federal de Fort Lauderdale de Florida, Estados Unidos, halló culpable a Sánchez de Lozada; sin embargo, la sentencia pasó a manos del juez Cohn, quien revirtió la decisión y libró de pena y culpa al expresidente y a su exministro de Defensa. Los familiares señalaron que apelarían esta última determinación.
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