El exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín gestionó ante el Gobierno del expresidente de Ecuador Lenín Moreno el préstamo de gases lacrimógenos y otros materiales de represión en noviembre de 2019, en el gobierno de Jeanine Áñez, confirmó un testigo al Ministerio Público.
El abogado Abel Loma reveló que este testigo, del que no reveló el nombre, “relata en su declaración informativa” que “Carlos Sánchez Berzaín estaba tras de todo esto (el préstamo)”.
De acuerdo con el jurista, el contacto del Gobierno de Áñez con Sánchez Berzaín era la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga, quien tras dejar el gobierno de Áñez optó por una candidatura a diputada en las elecciones de 2020 por la agrupación Creemos del ahora encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho. Ante su fracaso, huyó de Bolivia.
“(Lizárraga) es la que junto a Sánchez Berzaín han hecho las gestiones con el Gobierno de la República del Ecuador, porque el exministro tenía esos contactos con el Ecuador para que se pueda realizar este préstamo en virtud a que (la Policía) ya no tenía municiones por tanta convulsión social”, detalló el abogado, a partir de las revelaciones del testigo a Bolivia TV.
Sánchez Berzaín fue ministro de Defensa en el gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien huyó en 2003 a Estado Unidos, luego de la revuelta social de octubre de ese año que dejó más de 67 muertos y ciento de heridos en Bolivia. Sánchez Berzaín también radica en Estados Unidos y es unos de los principales acusados en el caso octubre 2003.
De acuerdo con la Fiscalía, el 15 de noviembre de 2019, en una reunión entre los entonces ministros Lizárraga, Arturo Murillo y Fernando López con Áñez y otros se tomó contacto con autoridades de la República del Ecuador y se acordó que faciliten armamento, que luego fue internado a Bolivia de manera irregular.
Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación en Senkata, El Alto, con el saldo de 11 muertos y al menos 78 heridos de bala. Cuatro días antes ocurrió lo mismo en Sacaba, don murieron 10 personas y decenas resultaron heridas por impactos de bala.
Datos de la Fiscalía señalan que los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectil de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
El 27 de mayo de 2020, a través de una carta, Ecuador pidió la devolución del material prestado, lo que desveló el caso.
Al igual que el testigo, en junio de 2021, el exministro de Desarrollo Rural Mauricio Ordóñez afirmó ante los fiscales que fue Carlos Sánchez Berzaín, exautoridad que se encuentra en Estados Unidos (EEUU), el que gestionó el préstamo de granadas y proyectiles.
“Lizárraga y el resto de ministros nos encontrábamos en una reunión de gabinete, existía una desesperación de Arturo Murillo y Fernando López por adquirir gases lacrimógenos. Lizárraga pidió unos minutos en esa reunión de gabinete, salió de la sala de reuniones y volvió a los minutos manifestando ‘asunto arreglado, ya hablé con Carlos Sánchez Berzaín y él hará las gestiones ante Ecuador para que nos envíe los agentes químicos que necesitamos’”, relató Ordóñez en su declaración en la Fiscalía.
Según Ordóñez, la exministra Lizárraga añadió: “Más bien, alisten el avión Hércules para que vaya a recoger ese material y así puedan reprimir a la gente que está protestando en las calles”.
Igual “préstamo” se concretó con el gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri. En este hecho hay procesos abiertos en Bolivia y en Argentina.
Tomado de ABI
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