No hay dinero. El Órgano Judicial comenzó el año sin los fondos necesarios para enfrentar los desafíos propios de su gestión ni de la eventual reforma que se proyecta hace ya más de nueve años.
Es más, hay un hueco financiero de Bs 149 millones vinculado con deudas contraídas para el funcionamiento institucional, “un desfase”, en palabras del nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.
En un contacto con EL DEBER, la autoridad lamentó, además, que la asignación presupuestaria en favor de su institución no sea ni del 1%. En ese contexto, señaló que la situación ya es de “iliquidez” a escala nacional. Esto se refleja en la falta de personal que cesó sus servicios el 31 de diciembre de 2024. Saucedo enfatizó, además, que la falta de recursos frenó la creación de juzgados, la incorporación de más jueces y funcionarios especialistas para atender a la ciudadanía.
“Nos entregaron un Órgano Judicial que no tiene partida presupuestaria para contratar personal eventual que atiende ventanilla, plataformas y por eso las filas en esta temporada. La solución inmediata es que el Ministerio de Economía nos asigne mayor presupuesto para dar la liquidez que ahora no tenemos y luego trabajar en un proyecto de ley de presupuesto para que la Asamblea pueda aprobar”, afirmó Saucedo.
El presidente del TSJ manifestó que lo ideal y que “el sueño” es tener el 3% del Tesoro General de la Nación en favor del Órgano Judicial. Actualmente, el presupuesto no llega ni al 0,8%, con desembolsos que llegan con demoras.
Entre 2022 y 2023, un grupo de 10 abogados de reconocida trayectoria impulsaron una reforma parcial de la Constitución a partir de una iniciativa ciudadana. Uno de los ajustes era, precisamente, que “al menos el 3% del presupuesto general anual sea destinado al Órgano Judicial, debiendo estar inscrito en la Constitución”, de manera que este ítem “no sea negociable” por parte del Ministerio de Economía. La iniciativa no reunió la cantidad de firmas suficientes, pero el Gobierno tampoco avanzó en la reforma judicial.
Saucedo manifestó que, a pesar de las limitaciones presupuestarias, en un plazo de tres a cuatro meses, prevé poner en marcha la digitalización en los tribunales departamentales de justicia para acercar la justicia a los ciudadanos. La autoridad dijo que el martes se reunirá con el ministro de Justicia, César Siles, y otras autoridades del Gobierno para agilizar estos proyectos, pero en el marco de una comisión creada en 2016, hace nueve años, para viabilizar la consabida reforma judicial.
“Ya tenemos avances a través de la Fiscalía General para la implementación del sistema junto al Consejo de la Magistratura. Es lo más urgente que queremos proyectar este año”, dijo Saucedo a este rotativo.
El nuevo presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, informó —por su lado— que buscarán mecanismos para que, con los 28 vocales y 230 jueces, se pueda llegar a los 3,1 millones habitantes del departamento. Reconoció que asumió con carencias materiales y operativas en el Órgano Judicial. Citó, a manera de ejemplo que cada autoridad jurisdiccional tiene que atender a poco más de 16.000 ciudadanos.
“Debe entenderse que las condiciones son complicadas para el Órgano Judicial. Somos conscientes de las necesidades que atraviesa la población, nuestro mismo Órgano Judicial”, apostilló tras ser posesionado en el cargo regional.
“La justicia está lejos de la gente”, concluyó el jurista internacional Diego García Sayán en 2022, tras cumplir una visita oficial a Bolivia como relator especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados. “La construcción de un sistema de justicia independiente y accesible es un reto fundamental de la sociedad boliviana”, dijo entonces.
EL DEBER
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