Percy Fernández, de 82 años de edad, fue evaluado por una psicóloga del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a solicitud del Ministerio Público tras el pedido de la familia del exalcalde de alejarlo del proceso por el caso ítems fantasmas, en el que figura como investigado.
Una de las conclusiones del dictamen pericial psicológico al que fue sometido el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, señala que existe la probabilidad de que este “magnificando” sus dificultades cognitivas, aunque precisa que sí se detectó un deterioro cognitivo de leve a moderado.
Al respecto, el abogado Gary Prado, señaló que todo funcionario público debe rendir cuentas de sus actos pero también se debe respetar un derecho fundamental que es la presunción de inocencia, además, cree que el «Ministerio Público no está actuando con la objetividad con la que debe actuar por ley» que además «es de público conocimiento que el exalcalde Fernández dejó la función pública por razones de salud«.
«Es correcto que se haya solicitado una pericia, pero aparentemente esta pericia es insuficiente, porque lo realizó una profesional psicóloga y el problema que denuncia la familia en su memoria tiene que ver con asuntos de psiquiatría es la que debiera responder. El Alzheimer y el Parkinson, que afectan a la memoria, no se pueden evaluar solo por análisis psicológico, sino también de psiquiatría», indicó.
Una parte del informe señala que “el señor Percy Fernández presenta una alta probabilidad de sobresimulación, es decir que de manera consciente esté magnificando sus posibles dificultades cognitivas, si bien puede existir la presencia de un deterioro cognitivo de leve a moderado, las pruebas y los puntajes obtenidos en la exploración de simulación de memoria y deterioro cognitivo nos muestran que existen una sospecha significativa de simulación».
Prado señala que el Ministerio Público tiene la facultad de aceptar o no la propuesta pericial y que, en el caso que no procediera, se puede recurrir al Fiscal departamental; también se habilita la posibilidad de acudir al juez.
Remarca que se han dado caso en que los jueces dan fe ciega a lo dicho por el IDIF y en este caso en particular, podría activarse la justicia constitucional, vale decir el recurso de acción de amparo constitucional para agotar estas instancias antes mencionadas, «lograr una protección de los derechos constitucionales que estarían siendo vulnerados, ósea queda un largo proceso en el cual se pueden agotar recursos».
«Si no estás en condiciones de ser juzgado no corresponde que te lleven y te humillen como ser humano en un proceso penal en el que no estás en condiciones de responder», dijo Prado en entrevista con Unitel.
Política y justicia
El abogado Prado recuerda que tiene «una triste experiencia de que en proceso que tienen influencia política, no se actúa con la objetividad con la que se debe actuar. Cuando hay sesgos políticos en procesos penales, vienen esta injerencia del nivel político que obligan a los profesionales a hacer cosas que atentan contra su propia ética».
«Sería ideal que el ingeniero Fernández responda por lo que ha sido su gestión de alcalde, pero siendo una responsabilidad de todo servidor público rendir cuenta de sus actos, también hay un derecho de la presunción de inocencia y en este caso vinculado al derecho a la salud. No quiero decir que debe ser apartado, sino que objetivamente se debe analizar si está en condición de responder por sus actos«, señala el jurista.
Unitel
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