Ahoradigital – El Tribunal Supremo Electoral (TSE) plantea modificar la normativa sobre transfugio político para evitar que las diferencias de opinión entre diputados, senadores y sus partidos sean utilizadas como argumento para iniciar procesos de persecución política.
El presidente del organismo electoral, Gustavo Ávila, explicó que la legislación vigente presenta vacíos y contradicciones que dificultan su aplicación y pueden vulnerar el derecho a la libre expresión de los representantes elegidos.
“En la actualidad la ley dice que un senador o diputado que, por ejemplo, haga público un pensamiento contrario al partido es transfugio. ¿Eso está bien? No, porque estamos vulnerando el derecho a la libre expresión”, afirmó Ávila en declaraciones a ERBOL.
La autoridad sostuvo que la reforma debe establecer reglas claras para evitar sanciones por expresar posiciones distintas, sin eliminar el compromiso que los legisladores asumen con las organizaciones políticas que los llevaron al Parlamento.
TSE advierte vacíos en la legislación
Ávila señaló que las deficiencias de la normativa también permiten que algunos legisladores eviten procesos por transfugio al argumentar que fueron invitados por una organización política y que no son militantes.
Por ello, la propuesta busca precisar los procedimientos y las condiciones en las que corresponde aplicar esta figura, diferenciando las discrepancias ideológicas de las conductas que efectivamente puedan constituir transfugio.
Buscan fortalecer la democracia interna de los partidos
El presidente del TSE también planteó que las organizaciones políticas fortalezcan sus mecanismos democráticos internos, de manera que la selección de candidatos responda a procesos participativos y no únicamente a decisiones de sus dirigentes.
En ese sentido, consideró necesario que los partidos formen sus propios cuadros políticos y consoliden una identidad ideológica para reducir los conflictos derivados de la incorporación de candidatos invitados.
La iniciativa forma parte del debate sobre la reforma electoral y busca equilibrar la libertad de expresión de los legisladores con su responsabilidad frente a las organizaciones políticas por las que fueron elegidos.
Por el momento, se trata de una propuesta de modificación normativa y no de un cambio legal ya aprobado.
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