La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) inició la sesión en la que analizará el informe de la comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas, que analizó las gestiones gubernamentales desde 1985 hasta el 2005, y halló un daño económico de unos 21.000 millones de dólares.
«Existen un sin número de recomendaciones que serán realizadas, porque hubo perjuicios económicos que se ocasionaron, por lo tanto, estamos sugiriendo como comisión que éste documento, como trabajo de investigación, pase a las instancias correspondientes como la Contraloría General del Estado, al Ministerio de Justicia y también a la Procuraduría General», afirmó en la víspera el titular de esa instancia, Rubén Medinaceli.
El documento consta de 2.700 páginas, dividido en tres tomos, y analiza las acciones de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga, nuevamente Sánchez de Lozada y, por sucesión, Carlos Mesa.
La primera comisión especial fue conformada en julio de 2013, para investigar el proceso de privatización en Bolivia, en ese entonces 11 exautoridades fueron parte de la investigación, entre ellas el expresidente Paz Zamora, Sánchez de Lozada y el exministro Samuel Doria Medina, además de Hugo Banzer.
El documento indica que entre 1933 y 1988 se crearon 213 empresas públicas; 78 pertenecían al Gobierno nacional, 92 a corporaciones regionales de desarrollo, 17 a prefecturas y 25 a alcaldías. Del total, 107 eran productivas y de éstas, 85 fueron enajenadas (79%); además, 105 pertenecían al área de servicios, de las que 72 fueron enajenadas (69%), según publica hoy La Razón.
Se identificó a 55 personas que participaron en los procesos de privatización y capitalización de las empresas estatales, que habrían incurrido en delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, ocasionando un daño económico al patrimonio del Estado.
El Deber
Mira también
