El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz sostiene que la redistribución puede comenzar en 2026 mediante una modificación legislativa y una decisión del Ejecutivo. Afirma que ningún municipio perdería recursos, cuestiona la convocatoria gubernamental a nuevas mesas de diálogo y advierte que, si no existe una respuesta efectiva, las regiones asumirán medidas de presión.
La propuesta de redistribuir el 50% de determinados ingresos nacionales entre el Gobierno central y las entidades territoriales ha sumado el respaldo de siete de las nueve gobernaciones. Sin embargo, el Ejecutivo considera que la medida no podría incorporarse al Presupuesto General del Estado de 2026 y que su aplicación recién sería posible en 2027.
En entrevista con Correo del Sur, Zambrana, rechazó esa posición y aseguró que no existen impedimentos insuperables y que la decisión depende, principalmente, de voluntad política.
También sostuvo que la demanda dejó de ser exclusivamente cruceña y se convirtió en una reivindicación de las regiones, municipios, universidades y autonomías públicas indígenas de todo el país.
Correo del Sur (CS): El Gobierno reconoce que el 50/50 puede ser viable, pero sostiene que ya no podría incorporarse al presupuesto de 2026. ¿Cómo evaluar esta postura?
Agustín Zambrana (AZ): Cuando existe voluntad política, da el tiempo. Cuando existe la decisión de llegar verdaderamente a las regiones y hacer gestión pública, se encuentran los mecanismos.
Lo que no podemos aceptar es que siempre existe tiempo para ampliar estructuras burocráticas, incorporar gente o realizar otro tipo de decisiones gubernamentales, pero no para atender una reivindicación histórica de las regiones.
El Estado central mantiene aproximadamente el 90% de los recursos y deja alrededor del 10% para gobernaciones, municipios, universidades públicas y autonomías indígenas. Con esa distribución es imposible atender adecuadamente las competencias y necesidades de la población.
El Gobierno debe elegir un camino. Puede mantener un modelo centralista que ya mostró sus limitaciones o puede comenzar una transformación real del Estado.
CS: ¿Por qué considera que el modelo centralista ha llegado a su límite?
AZ: Porque el Estado central no está cumpliendo ni siquiera con los servicios básicos que debería garantizar.
Tenemos problemas en salud, trabajadores que no reciben sus salarios oportunamente y servicios paralizados. No contamos con un sistema educativo adecuado ni con currículas suficientemente regionalizadas. Los productores no tienen diésel para trabajar. En seguridad ciudadana vemos sicariatos, asesinatos y una creciente sensación de indefensión.
El Estado no está proporcionando salud, educación, seguridad, carreteras ni condiciones básicas para producir. Sin embargo, las regiones continúan transfiriéndole la mayor parte de los recursos.
Ese es el problema de fondo: las regiones cumplen con el Estado central, pero el Estado central no está cumpliendo con las regiones.
CS: ¿El 50/50 debe entenderse como una demanda contra el actual Gobierno?
AZ: No. No es una reivindicación contra un gobierno ni a favor de otro. Es una demanda frente a un modelo que colapsó.
Tampoco estamos pidiendo un favor. No estamos diciendo: “Por favor, dennos el 50%”. Estamos hablando del dinero que generan los ciudadanos, las empresas, los trabajadores y los municipios mediante sus impuestos.
Ese dinero debe ser distribuido para que pueda administrarse mejor y convertirse en salud, educación, seguridad, caminos y desarrollo productivo.
El 50/50 no es una concesión del Gobierno. Es el dinero de las regiones y debe volver a las regiones.
CS: El Ejecutivo afirma que la reforma no puede aplicarse inmediatamente. ¿Existe una salida legal para incorporarla en 2026?
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AZ: Por supuesto que existe. Decir que necesariamente debe esperarse hasta 2027 es falso.
El Presupuesto General del Estado todavía debe ser considerado por el Senado. El Parlamento puede aprobarlo, rechazarlo o introducir modificaciones y observaciones.
Cuando el presupuesto fue tratado en Diputados, nosotros advertimos que seguíamos oliendo fuertemente a centralismo. Hubo debate sobre lo cual es positivo dentro de la democracia, pero la estructura de distribución no cambió.
La aplicación inicial del 50/50 requiere decisiones políticas y legislativas. El Gobierno puede emitir el instrumento correspondiente para habilitar la distribución y el Parlamento puede aprobar una ley que permita aplicar el 50/50 sobre el Impuesto a las Transacciones y modificar el presupuesto.
No estamos hablando de algo imposible. Estamos hablando de una decisión que puede tomar si existe voluntad.
CS: Usted también cuestionó el nuevo endeudamiento contemplado por el Gobierno. ¿Se opone a que Bolivia recurra a organismos internacionales?
AZ: Endeudarse no es necesariamente malo. La pregunta es para qué se contrae la deuda y quién administra esos recursos.
Antes, Bolivia se endeudaba principalmente con Rusia y China. Ahora se busca financiamiento del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y otros organismos multilaterales.
El problema no es solamente quién presta. El problema es que los recursos vuelvan a centrarse en el nivel central y sean administrados bajo la misma lógica de los últimos años.
Ya vimos proyectos faraónicos, elefantes blancos y recursos que no llegaron a resolver las necesidades de la gente. Si el país se va a endeudar nuevamente, una parte sustancial de ese dinero debe ir directamente a las regiones.
No podemos esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo.
CS: El Gobierno convocó a los gobernadores para el 5 de agosto, en Sucre, con el objetivo de analizar una propuesta integral que incluya a municipios y universidades. ¿Es una señal positiva?
AZ: Una primera convocatoria puede generar expectativa. Una segunda todavía puede recibir un margen de confianza. Pero después de varias promesas incumplidas, continuar anunciando reuniones ya no es suficiente.
Durante la campaña se ofreció avanzar con el 50/50. Posteriormente se volvió a hablar del tema en reuniones con gobernadores y alcaldes. Ahora, varios meses después, nuevamente se propone sentarse a conversar.
Este ya no es un asunto de seguir reuniéndose. Es un asunto de ejecución.
Podemos sentarnos cien veces, pero si no existe una decisión concreta, las reuniones terminan siendo utilizadas para proyectar una imagen de diálogo sin cambiar la realidad.
CS: ¿Eso significa que el Comité pro Santa Cruz rompe con el Gobierno?
AZ: Nosotros no tenemos nada contra el Gobierno. Es el Gobierno constitucional de Bolivia y lo vamos a respaldar mientras actúe dentro de la Constitución.
Pero una cosa debe quedar absolutamente clara: no somos cómplices ni somos cogobierno.
Cuando el Gobierno solicita reunirse con el Comité, nosotros recibimos a sus representantes porque creemos en el diálogo. Eso no significa que vayamos a guardar silencio frente a los incumplimientos.
Respaldar la institucionalidad democrática no implica entregar la independencia del movimiento cívico ni renunciar a defender los intereses de la población.
CS: ¿Por qué comenzar la redistribución con el Impuesto a las Transacciones?
AZ: Yo tengo una visión más ambiciosa. Considere que el 50/50 debe alcanzar a los seis impuestos nacionales de carácter transversal y, posteriormente, al conjunto de los ingresos que administra el Estado central.
Sin embargo, se está construyendo un consenso para comenzar con el Impuesto a las Transacciones. Es una primera puerta.
Aplicando el 50/50 al IT, las gobernaciones y los municipios recibirían mayores ingresos para ejecutar obras y atender salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura y otras necesidades.
Comenzar con un impuesto no significa renunciar al objetivo integral. Significa iniciar una transformación que después debe profundizarse.
CS: Siete de las nueve gobernaciones respaldan una propuesta concreta. ¿Qué peso político tiene ese acuerdo?
AZ: Es una señal importante porque demuestra que la demanda ya no corresponde solamente a Santa Cruz. Existe una comprensión regional de que el actual sistema de distribución no funciona.
Sin embargo, la decisión final no depende únicamente de las gobernaciones. El Gobierno debe asumir su responsabilidad y el Parlamento debe legislar.
Las reuniones y los pronunciamientos ayudan a mostrar que existe una voluntad nacional, pero ahora esa voluntad debe convertirse en normas, presupuesto y ejecución.
CS: Desde el Gobierno se advierte que una distribución de esta naturaleza podría perjudicar a departamentos y municipios con menor capacidad de recaudación. ¿Existe ese riesgo?
AZ: Esa afirmación no corresponde a la realidad. Con la propuesta que se está trabajando, ningún municipio pierde.
Se está intentando mezclar el 50/50 del Impuesto a las Transacciones con la discusión integral del pacto fiscal, que es otro debate y deberá ser abordado en su momento.
Incluso los departamentos con menores ingresos resultarían beneficiados. Pando, por ejemplo, podría recibir cerca de 120 millones de bolivianos adicionales con la distribución del IT. El municipio de Cobija podría recibir aproximadamente 84 millones más.
Esos recursos podrían destinarse a salud, educación, caminos, seguridad ciudadana y gestión pública.
Todos los municipios generan actividad económica y aportan, en mayor o menor proporción, al Impuesto a las Transacciones. La redistribución permite que ese esfuerzo regrese a sus territorios.
Por eso exigimos que el Gobierno presente los números completos y diga la verdad al país.
CS: Entonces, ¿qué considera que está frenando la aplicación del 50/50?
AZ: El problema es la resistencia del poder central a perder el control de los recursos.
El centralismo no es paceño ni pertenece a una región determinada. El centralismo corresponde a los grupos que llegan al Gobierno y se acostumbran a administrar todo desde el nivel central.
Incluso dirigentes y autoridades provenientes de regiones históricamente autonomistas llegan al poder y terminan comportándose de manera más centralista que quienes estuvieron antes.
Es una cultura política que debe cambiar.
Las regiones ya tienen suficiente madurez institucional para administrar competencias y recursos. No necesitamos un “papá Estado” que recaude todo y después decida discrecionalmente qué entrega y qué retiene.
CS: ¿Qué ganaría el Gobierno central transfiriendo recursos y competencias?
AZ: Ganaría gobernabilidad, eficiencia y viabilidad política.
Hoy el Estado central pretende administrar empresas públicas, salud, educación, combustibles, gas, carreteras, seguridad y una enorme cantidad de competencias. Los resultados muestran que no puede hacerlo adecuadamente.
Las regiones estamos diciendo: transfieran esas responsabilidades, pero háganlo con los recursos económicos correspondientes y con competencias completas.
Un Estado central más pequeño y eficiente podría concentrarse en políticas nacionales, relaciones internacionales, coordinación entre regiones, defensa, grandes proyectos estratégicos y mecanismos de compensación.
Descentralizar no significa destruir al Estado. Significa evitar que el Estado continúe colapsando por intentar hacerlo todo y hacerlo mal.
CS: ¿Qué ocurrirá si el 50/50 no se incorpora al presupuesto de 2026?
AZ: Las regiones tendrán que asumir una presión fuerte, firme y sostenida.
No queremos una movilización simbólica ni una medida que termine suspendida a cambio de una nueva reunión dentro de seis meses. Queremos una decisión efectiva.
O se entrega a las regiones lo que generan para que puedan atender sus necesidades, o tendremos que recurrir a la presión ciudadana y democrática.
La determinación es clara: el 50/50 se tiene que ejecutar.
CS: Sus declaraciones han sido particularmente duras contra algunos ministros. ¿Cuál es el mensaje final que quiere transmitirles?
AZ: Que no subestimen al pueblo y que no le mientan al país.
Si consideran que la propuesta no es viable, que presenten los datos y expliquen técnicamente por qué. Pero no pueden afirmar que los municipios perderán cuando los números muestren que recibirían mayores recursos.
También deben recordar que el poder no es eterno. El poder es efímero. Las autoridades, tarde o temprano, se vuelven a ser ciudadanos y enfrentan los mismos problemas que el resto de la población.
El poder es para ayudar y para servir, no para servirse de él ni para creer que alguien es dueño del país.
Nosotros también somos pasajeros en la dirigencia cívica. Vendrán otras gestiones y otras generaciones. Lo que debe permanecer es la cultura de servir al pueblo y defender lo que le corresponde.
Hoy, lo que corresponde a las regiones es comenzar la distribución 50/50 y transformar definitivamente un modelo centralista que ya no puede responder a las necesidades de Bolivia.
Correo del Sur
