En octubre de 2024, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción inició la investigación contra el exministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, y su asesor jurídico Gabriel D. A. y halló serios indicios de responsabilidad penal por falsedad de declaración jurada y enriquecimiento ilícito, por lo que presentó la denuncia el 3 de enero de este año, informó el ministro de Justicia, César Siles.
“La investigación comenzó el pasado año, en octubre más o menos del año pasado, tiene un proceso de confirmación, tiene un proceso de recolección de información y con la seriedad que amerita este tipo de informes, una vez que pasa por esos controles y revisiones correspondientes, y amerita la presentación al Ministerio Público, se hace la denuncia respectiva”, explicó en una entrevista con radio Erbol.
La pesquisa fue abierta luego de que el viceministerio recibió una denuncia sobre presuntos cobros irregulares y algunos movimientos inusuales en el patrimonio de Lisperguer y Gabriel D. A.
Esta labor se centró a las gestiones 2021 y 2024 y se evidenció que Lisperguer pasó de tener uno a nueve bienes, la mayoría en el departamento de Cochabamba.
Además de Bs 1 millón, que involucraría movimientos económicos entre los ahora investigados y depósitos de otras personas, entre ellos algunos servidores públicos.
No obstante, en su declaración jurada Lisperguer señaló a la Contraloría General del Estado, el 5 de marzo de 2024, que contaba con 2 bienes, Bs 120.000 en bienes activos y Bs 217.210 en rentas recibidas.
En el caso del Asesor Jurídico se identificó un movimiento inusual de sus cuentas de más de Bs 600.000 en el período 2024, quien también tendría consumos y compras “desproporcionados” a su perfil patrimonial.
El Ministerio Público admitió la demanda de Transparencia contra las dos personas. Por ello, el presidente del Estado, Luis Arce, destituyó a Lisperguer.
El fiscal Anticorrupción, Miguel Cardozo, confirmó que están en curso las investigaciones contra el exministro y su asesor e indicó que “existen depósitos de terceras personas”, al menos seis, a las cuentas del exministro y que éstas serán convocadas.
“Algunos son funcionarios de la Gobernación y de la Alcaldía de Cochabamba que se tienen identificados, otras son personas naturales que van a ser citadas”, indicó, según un reporte de Unitel.
Reafirmando la postura del presidente de que no se tolerará la corrupción, el ministro Siles indicó que “existe una investigación penal abierta por dos graves delitos: falsedad de declaración jurada y enriquecimiento ilícito contra ambas personas” y que eso implica que ha pasado por una revisión administrativa primero, a cargo del Ministerio de Justicia, y luego por la Fiscalía que la admitió.
“Lo que resta ahora es que en esta investigación se confirmen esos serios indicios de responsabilidad penal y se determine lo que corresponde en derecho, siempre, reitero, garantizando el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, pero también el derecho al debido proceso, y a la lucha contra la corrupción que tiene todo el pueblo boliviano”, enfatizó.
ABI
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