El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentó una querella penal contra 19 personas, entre ellas cuatro exministros de esa cartera, exfuncionarios y representantes de la empresa contratista del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA).
Una auditoría interna identificó un posible daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones.
La acción legal busca esclarecer presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto, adjudicado en 2016 por más de 191 millones de euros.
La iniciativa contemplaba la provisión e instalación de 13 radares civiles y militares, centros de control, sistemas de comunicación, infraestructura, programas informáticos, capacitación y transferencia tecnológica.
Según Justiniano, el contrato establecía un plazo inicial de 31 meses para entregar el sistema completo. Sin embargo, se firmaron siete modificaciones que extendieron el periodo de ejecución a 82 meses, mientras que las pruebas y la demostración final se efectuaron aproximadamente 98 meses después.
Los informes técnicos incorporados a la auditoría identificaron observaciones en 11 de los 13 radares instalados.
Solo dos operaban sin observaciones, nueve funcionaban con observaciones y otros dos estaban fuera de servicio, pese a que el proyecto registraba un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97,85%.
“Bolivia pagó por un sistema completo funcionando”, afirmó el ministro, al cuestionar las condiciones en las que se encontraba la infraestructura destinada a fortalecer la defensa y el control del espacio aéreo nacional.
Cuatro exministros entre los denunciados
La querella incluye a Reymi Ferreira Justiniano, Javier Zavaleta López, Luis Fernando López Julio y Edmundo Novillo Aguilar, quienes ocuparon el Ministerio de Defensa en distintas etapas de la ejecución contractual.
Ferreira suscribió el contrato original y las dos primeras modificaciones; Zavaleta firmó la tercera y cuarta; López, la quinta, y Novillo, las dos últimas modificaciones del acuerdo.
Justiniano aclaró que la investigación deberá determinar la responsabilidad individual de cada involucrado a partir de sus actuaciones y decisiones específicas.
En ese sentido, remarcó que haber ocupado un cargo público no constituye, por sí mismo, una prueba de culpabilidad.
La definición de eventuales responsabilidades penales estará en manos del Ministerio Público y de las autoridades judiciales, conforme avance la investigación.
Procuraduría busca recuperar los recursos públicos
Representantes de la Procuraduría General del Estado informaron que la querella fue coordinada con el Ministerio de Defensa y el Viceministerio de Transparencia. Los delitos denunciados son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Las instituciones también solicitarán que se investigue el presunto perjuicio económico y se dispongan medidas para anotar bienes, con miras a facilitar una eventual recuperación de los recursos públicos, si corresponde.
Justiniano señaló que el proceso pretende establecer qué contrató el Estado, cuánto dinero desembolsó, qué recibió y cuáles fueron las obligaciones que quedaron pendientes.
“No habrá encubrimiento, tampoco habrá condenas anticipadas”, manifestó el ministro, quien aseguró que la investigación buscará proteger el patrimonio estatal y establecer las responsabilidades que correspondan de acuerdo con la ley.
La Razón
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