Bolivia registró 1.561 hechos de conflictividad social entre enero de 2024 y marzo de 2026, periodo en el que el bloqueo de carreteras se consolidó como principal medida de presión –15 cortes de ruta por mes–, según datos del Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (Simat) de la Defensoría del Pueblo.
Los registros de la entidad consignan 406 bloqueos en los 27 meses analizados –el 26% del total de conflictos–, por encima de los estados de emergencia declarados por distintos sectores (312 eventos, 20%) y de las marchas (291, 18,6%). El paro registró 143 casos (9,2%), los enfrentamientos 114 (7,3%) y las tomas de instituciones 82 (5,3%).
En 2024, bloqueo y marcha aún competían de cerca: 166 frente a 142 eventos, y el bloqueo representaba el 30% de todas las acciones de hecho. La brecha se amplió en 2025, cuando los bloqueos sumaron 173 registros frente a 128 marchas. Ese mismo año los estados de emergencia declarados por distintos sectores sociales alcanzaron 213 eventos y ocuparon el primer lugar entre todas las medidas de presión, con el 25,3% del total anual.
La tendencia al corte de vías se agudizó en el primer trimestre de 2026: de los 157 conflictos activos registrados en ese periodo, 60 fueron bloqueos, el 38,2% del total y la tasa de concentración más alta en los 27 meses analizados. La marcha cedió posiciones y solo registró 21 eventos (13,4%), mientras el paro ascendió al segundo lugar con 23 registros (14,6%), superando históricamente a la marcha como segunda medida de presión más utilizada.
Por qué se protesta
Las causas son diversas, pero la economía se constituyó como eje articulador en todo el ciclo analizado. En 2024, los conflictos de origen económico encabezaron la tipología con 145 casos (25,7%), seguidos por los laborales con 93 (16,5%) y los de gobernanza con 87 (15,4%). La agenda incluyó también demandas de infraestructura (42 casos), educación y medio ambiente (39 cada uno) y salud (34).
En 2025, la crisis del abastecimiento de combustible y la escasez de divisas devoraron la agenda: los conflictos económicos saltaron a 281 (33,4%), más del doble que cualquier otra categoría. Los laborales –bajo la etiqueta “trabajo y empleo”¬– sumaron 127 casos (15,1%), mientras los político-institucionales registraron 89 (10,5%). Educación (59), obras públicas y servicios (55), seguridad y sistema judicial (41), salud (40) y medio ambiente (39) completaron el mapa de demandas de ese año.
El primer trimestre de 2026, la calidad del combustible emergió como causa número uno con 29 casos (19% de los 152 conflictos registrados por la Defensoría), por encima de gobernanza con 27 (17,7%) y de los conflictos político-institucionales con 25 (16,4%). Los laborales de carácter salarial registraron 21 casos (13,8%), seguidos por obras públicas, servicios y vivienda con 19 (12,5%). Tierra y recursos naturales y educación sumaron 9 casos cada uno (5,9%), mientras minería registró 7 (4,6%).
Dónde se protesta
La conflictividad estuvo concentrada en el eje troncal del país, aunque con variaciones departamentales que modificaron el mapa a lo largo del periodo. La Paz encabezó el ranking en los tres periodos analizados: 146 conflictos en 2024 (25,9%), 278 en 2025 (33%) y 47 en el primer trimestre de 2026 (29,9%), para un acumulado de 471 hechos que representan el 30,2% del total nacional. Al ser la sede de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, se constituyó en el principal blanco de los sectores movilizados.
Santa Cruz se mantuvo en el segundo lugar en los tres periodos –113, 169 y 28 casos respectivamente– con un acumulado de 310 hechos (19,9%), vinculados a la falta de diésel para el agro y el acceso a divisas.
El dato con mayor variación es la posición de Potosí, que acumuló 188 conflictos en el periodo –72 en 2024, 101 en 2025 y 15 en el primer trimestre de 2026– y se ubicó en el tercer lugar histórico por encima de Cochabamba. Este departamento registró 167 hechos en total –77 en 2024, 71 en 2025 y 19 en el primer trimestre de 2026–. No obstante, mantuvo una relevancia estratégica al ser el principal punto de conexión entre el oriente y occidente del país, donde los bloqueos actuaron como tapón en las rutas interdepartamentales.
Chuquisaca (119 conflictos acumulados), Beni (108), Tarija (81), Oruro (57) y Pando (55) completaron el mapa departamental con participaciones que oscilaron entre el 3,5% y el 7,6% del total nacional en el periodo analizado.
La Defensoría del Pueblo intervino como mediadora en entre el 60% y el 75% de los conflictos registrados en los 27 meses, con el derecho al trabajo y al empleo como el más vulnerado del periodo, seguido de los derechos económicos y el derecho político.
Correo del Sur
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