El analista Carlos Böhrt consideró que si la voluntad política no prima en el debate de la ley del censo en la Asamblea Legislativa se evidenciará que, en el fondo, se busca “penalizar” a Santa Cruz y sus habitantes, que cumplen este jueves 27 días de paro para exigir censo en 2023.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) y las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos presentaron por separado sus propuestas de norma.
“Por lo tanto, es cuestión de voluntad política de las bancadas de oposición y de la bancada oficialista que, pese a estar dividida, debería aportar para resolver el conflicto”, señaló Böhrt en una entrevista con UNITEL.
Debate
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, anunció este jueves que el lunes puede activarse el tratamiento de los tres proyectos normativos para la distribución de escaños y recursos en base a resultados del Censo Nacional Poblacional y de Vivienda que el Gobierno fijó para el 23 de marzo de 2024.
El legislador oficialista esbozó que, “en el mejor de los casos”, su aprobación en esa instancia legislativa pueden demorar hasta cinco días. Böhrt consideró que es clave acelerar el tratamiento de la norma para pacificar el país y zanjar el conflicto por el censo.
“Si no lo hacen, si tratan de aplicar de manera lenta el procedimiento implica que no hay voluntad política y lo que buscan es dilatar el conflicto en una suerte de penalización en contra del pueblo de Santa Cruz, de la población cruceña, que valientemente está sacrificando su seguridad en casi un mes de paro indefinido”, señaló el también exsenador.
“Se puede, en consecuencia, acelerar (el tratamiento), mañana se podría, a más tardar el sábado (aprobar) en la Cámara de Diputados, enviar al Senado y el lunes o martes sancionar la ley y terminar el conflicto”, subrayó.
Las bancadas opositoras presentaron un plan normativo en coordinación con el Comité Interinstitucional de Santa Cruz que establece que el censo se desarrolle en 2023.
Mientras que el MAS planteó un documento que refrenda el decreto del Gobierno que fija como fecha del censo el 23 de marzo de 2024.
Böhrt insistió en que si existe voluntad política la norma se puede probar en plazos breves. “Esto es posible, lo han hecho en el pasado”, puntualizó el analista tras recordar que en casos de emergencia, como desastres naturales o sucesos políticos el tratamiento de normas fue breve.
Tomado de UNITEL










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