Evo Morales, ex presidente de Bolivia, está prófugo de la justicia sin esconderse de nadie.
No se va al extranjero ni se muda para evitar que lo encuentren.
Se para desafiante en su región del Chapare y azuza las marchas contra el nuevo gobierno, aprovechando la crisis del combustible que corre por las arterias de un país donde el transporte de mercadería sobre la orografía implacable es esencial para la vida cotidiana.
Esa crisis -marchas a La Paz, piquetes y choques violentos con heridos- tiene un tilde en la indignación popular: para abaratar costos, se habría importado combustible de baja calidad que arruinó los motores de miles de vehículos.
Sólo en marzo ya había 10.874 reclamos formales contra la petrolera estatal, pidiendo una compensación por los motores dañados.
Aunque se extiende a otros rubros y golpea fuerte en los salarios, la síntesis de la crisis es la nafta que o no se consigue o rompe los motores.
Acusado por el gobierno de financiar las marchas opositoras, Evo Morales aprovecha el río revuelto para afirmar su trabajo de pinzas: en retirada, gana resiliencia política y enfría sus causas judiciales.
Está acusado de abuso de menores cuando era presidente -por su relación con una adolescente con la que habría tenido una hija- y trata de personas.
Este mes debía presentarse ante un tribunal en Tarija -que lo espera con 170 pruebas y 39 testigos- pero se quedó en su finca del imperio cocalero, desde donde hace 20 años fue ungido el primer presidente indígena de Bolivia.
Allí lo protege una guardia parapolicial de seguidores armados que, además de formar un celoso círculo de seguridad alrededor suyo, tomó un aeropuerto regional para impedir que vayan a buscarlo por vía aérea.
Hay rutas, cientos de kilómetros de caminos vecinales y un aeropuerto que, en la práctica, ya no usa el estado boliviano sino Morales. Un Evoestado.
El Presidente Paz Pereira -que ganó en segunda vuelta con votos de regiones históricamente atribuidas a Morales-, se concentra en apagar distintos focos negociando con los gremios por separado, pero dejando para el final la delicada cuestión sobre Evo, si es que finalmente la enfrenta.
La encerrona que plantean tres analistas políticos bolivianos consultados para esta columna es: ¿El Presidente debe ir a fondo contra Morales cumpliendo a rajatabla las órdenes de la justicia, o debe primero hacer pie en la gestión para normalizar la vida cotidiana evitando reacciones virulentas?
El canciller Fernando Aramayo dijo que lo que Evo busca “es que vayamos por él y causar más muertes, y eso es algo que nosotros no vamos a permitir”.
Sería, entonces, un prófugo con consentimiento temporario.
El juicio contra Evo -el presidente que más tiempo gobernó de modo continuo en toda la historia de Bolivia, con 14 años en el poder- está suspendido porque el acusado no se presenta.
La justicia lo declaró en rebeldía y reactivó una orden de captura en su contra que titubea ante la indecisión política.
Los abogados de Morales dicen que se trata de una persecución y que Evo no se presenta en los tribunales porque no fue notificado personalmente.
Como La carta robada de Edgar Allan Poe, Evo Morales está escondido a la vista de todo el mundo.
Su guarida está, incluso, identificada con un cartel: “Cuartel General Lauca Ñ, Estado Mayor del Pueblo”.
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Allí hay guardias que dan alertas sobre los vehículos que se acercan desde un mangrullo de madera y paja, como los atalayas que en el siglo XIX alertaban sobre malones en la Pampa Húmeda y ahora impiden la llegada de extraños con notificaciones judiciales en el Trópico de Cochabamba.
Su presencia allí de prófugo privilegiado desafía la autoridad y condiciona la grave crisis de estos días -fogoneada pero real- a la encerrona de su dilema irresuelto.
Fuente: Clarín
