La bancada de Creemos en carta enviada al secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha presentado una denuncia por violación de garantías judiciales y persecución política, por el desembolso de $us 327 millones por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Bolivia, bajo la categoría de Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), durante el gobierno de transición de Jeanine Áñez.
“Nos dirigimos a su autoridad para denunciar una vez más la persecución que sostiene de forma continuada el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en contra de exautoridades de la expresidenta Jeanine Áñez”, señala partes salientes de la misiva.
El caso se remite como consecuencia del desembolso de un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), del FMI en favor de Bolivia, el año 2020 por $us 327 millones, con el propósito de combatir la pandemia del Covid-19.
“Estamos en la obligación de continuar denunciando ante la comunidad internacional la constante vulneración de derechos humanos y constitucionales a consecuencia de la persecución desmedida y revanchista de Luis Arce Catacora y del MAS, responsabilizándolos de cualquier detención ilegal y arbitraria, sin respeto de las mínimas garantías judiciales ni al debido proceso”, se lee en la carta.
A mediados del 2020, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un desembolso de DEG (Derechos especiales de Giro) por 240,1 millones (aproximadamente $us 327 millones) para Bolivia como Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), de respuesta inmediata a la pandemia de Covid-19; sin embargo, Creemos señala que este dinero nunca fue utilizado por las trabas políticas concretadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y posteriormente fue devuelto por el actual Gobierno.
«Este monto asignado fue calculado con base a la proporción de la cuota del país ante este Organismo Internacional», explicó en su oportunidad el Banco central de Bolivia, aclarando que no se trataba de un crédito, sino de IFR de las cuotas que tiene Bolivia en el FMI.
“Días atrás fue revelado que la Contraloría emitió un informe preliminar sobre un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) que el Gobierno de Jeanine Añez activó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020 y halló responsabilidad en 25 exautoridades, por lo que se podría activar un proceso civil para la recuperación de Bs 200,4 millones”, advierte la nota.
Dicho parte de control data de 2 de marzo de 2022 y a varios implicados los notificaron el miércoles 11 de mayo, violando el artículo 22 del Reglamento de la Responsabilidad por la función pública aprobado mediante Decreto Supremo 23318-A de 13 de noviembre de 1992 modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001, señala la bancada.
Las y los asambleístas firmantes advierten que el reglamento de responsabilidad por la función pública establece que, los plazos a los que debe sujetarse el proceso interno son: tres días hábiles a partir de conocido el hecho o recibida la denuncia, para que el sumariante inicie el proceso con la notificación del procesado.
“A pesar de las constatadas violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales que suponen los procesos instaurados por el MAS, este caso evidencia los verdaderos móviles de persecución política y el doble discurso del Gobierno de Luis Arce Catacora…”, denuncia la carta de Creemos.
“Trasmitimos nuevamente a esta organización nuestra preocupación por la situación que atraviesa Bolivia, que empeora cada vez más, y reiteramos nuestro pedido de que se activen los mecanismos y acciones necesarias recogidas en la Carta de la OEA y la Carta Democrática de 2001, que permitan resguardar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en el país, frenando las ansias totalitaristas del Gobierno del MAS”, resalta la carta.
Lo llamativo de todo, señala Creemos que “un año después, en agosto de 2021, de manera totalmente contradictoria el gobierno de Luis Arce Catacora volvió a recibir el mismo desembolso de parte del FMI, oportunidad en la que el Banco Central del Bolivia aclaró que no se trata de un préstamo, sino que el país se benefició con esta asignación al ser fundador del organismo”.
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