La presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Prudencio, afirmó que en la actualidad quedaron atrás los denominados “telefonazos” que, durante años, fueron asociados a presuntas injerencias políticas en las decisiones de la justicia boliviana.
La autoridad sostuvo que el TCP ejerce sus funciones con independencia y remarcó que las resoluciones constitucionales son asumidas sobre la base de criterios jurídicos, sin interferencias externas.
TCP
“No le debemos nuestro trabajo a ningún grupo político ni a ningún sector económico que, coyunturalmente, esté detentando el poder en el Estado boliviano. Por lo mismo, nuestro compromiso es con ustedes, con el pueblo boliviano”, afirmó Prudencio en conferencia de prensa.
Así, se refirió a la actuación del máximo órgano de control constitucional del país.
La magistrada señaló que la institución trabaja para fortalecer la confianza ciudadana en la justicia y garantizar que las decisiones respondan exclusivamente al marco constitucional y legal vigente.
Prudencio destacó que la independencia judicial constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho y aseguró que los magistrados actúan con autonomía frente a intereses políticos o sectoriales.
Paola Prudencio
Las declaraciones surgen en medio de un contexto de alta tensión política y social, marcado por debates sobre el Estado de excepción, los conflictos sociales y diversas acciones legales de relevancia nacional.
La presidenta del TCP también defendió el trabajo de la institución y aseguró que las decisiones constitucionales son adoptadas en el marco de las competencias establecidas por la Constitución y las leyes.
En distintas intervenciones públicas, la magistrada ha insistido en la necesidad de preservar la independencia de los órganos judiciales y garantizar que las controversias sean resueltas por las vías institucionales correspondientes.
Prudencio remarcó que la labor del TCP está orientada a la protección de los derechos constitucionales y al fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país.
La Razón
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