Ahoradigital – El Gobierno de Rodrigo Paz aseguró que investigará a funcionarios y exautoridades bolivianas señalados por Estados Unidos por presuntos hechos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que nadie estará protegido por el cargo que ocupa o haya ocupado.
“No habrá blindaje para nadie”, sostuvo Gálvez, al referirse a la lista de ciudadanos bolivianos a quienes Estados Unidos restringió sus visas por presuntas irregularidades relacionadas con la corrupción y el narcotráfico.
El portavoz indicó que el Gobierno encuentra coincidencias con Washington en la necesidad de combatir el crimen organizado, pero aclaró que las decisiones dentro del territorio boliviano corresponden a las instituciones nacionales.
“No actuamos por imposición, pero celebramos coincidir con el gobierno americano”, manifestó, al defender la cooperación internacional como una herramienta para enfrentar redes criminales que operan más allá de las fronteras.
Exautoridades también deberán responder
Gálvez reconoció que en la lista figuran exautoridades vinculadas al Gobierno de Rodrigo Paz, quienes ya fueron apartadas de sus cargos. Sin embargo, remarcó que esa situación no las exime de eventuales responsabilidades judiciales.
El vocero precisó que cualquier autoridad o exautoridad mencionada deberá responder ante las instancias correspondientes si existen elementos que justifiquen la apertura de procesos judiciales.
El Gobierno espera más información de Estados Unidos
El Ejecutivo aguarda información complementaria de las autoridades estadounidenses y los resultados de las investigaciones para avanzar en el esclarecimiento de los señalamientos.
Gálvez sostuvo que las actuaciones deben desarrollarse respetando el debido proceso. De esta manera, aunque el Gobierno expresó coincidencias con las preocupaciones de Washington, las acusaciones deberán ser investigadas y respaldadas con elementos que permitan establecer responsabilidades.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la independencia de las instituciones encargadas de investigar y administrar justicia en Bolivia.
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