Ahoradigital – Estados Unidos incluyó a fiscales, jueces, magistrados, un exministro, un exejecutivo de la Aduana, un coronel de la Policía y un empresario entre los bolivianos afectados por restricciones migratorias. La decisión también alcanzó al fiscal general del Estado, Róger Mariaca, quien recibió un señalamiento específico por presunta corrupción.
Según la información publicada por El Deber, el Departamento de Estado estadounidense revocó las visas vigentes de 12 ciudadanos bolivianos y aplicó una medida diferenciada contra Mariaca. Además, otros nueve ciudadanos que no cuentan actualmente con visa quedaron, en general, impedidos de obtenerla.
¿Quiénes figuran en la lista?
Entre las personas identificadas se encuentran:
- Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior.
- Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Santa Cruz.
- Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz.
- Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Santa Cruz.
- Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia.
- Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca.
- Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional.
- Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional.
- Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia.
- Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez de La Guardia, Santa Cruz.
- Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía y exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
- José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
El caso de Mariaca tiene un tratamiento distinto. Washington lo señaló por presunta “corrupción significativa” y afirmó que habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y permitir que delincuentes violentos eludieran la justicia. El fiscal general rechazó los señalamientos y sostuvo que continuará ejerciendo sus funciones.
Una medida migratoria que abre interrogantes
La decisión estadounidense generó repercusiones en las instituciones bolivianas y planteó interrogantes sobre los antecedentes que motivaron las restricciones. En el caso de los 12 ciudadanos a quienes se revocaron las visas, el anuncio público no individualizó las pruebas ni detalló una acusación penal específica contra cada uno.
El Gobierno boliviano anunció que solicitaría a Estados Unidos información complementaria para conocer los fundamentos de las medidas. Desde el ámbito judicial también se recordó que cada país tiene atribuciones para establecer sus propias políticas migratorias.
Es importante precisar que la revocación de una visa constituye una decisión administrativa de Estados Unidos y no equivale, por sí misma, a una sentencia condenatoria en Bolivia. Los señalamientos contra Mariaca también deben distinguirse de una determinación judicial de culpabilidad.
La inclusión de funcionarios vinculados a la Fiscalía, los tribunales y la Policía coloca nuevamente bajo atención internacional la situación de las instituciones encargadas de investigar delitos, administrar justicia y combatir el narcotráfico.
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