Ahoradigital – Aldo Ismael Quezada Cerruti presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz y a su cargo como vocal de la Sala Constitucional Segunda, horas después de ser incluido en la lista de ciudadanos bolivianos con restricciones de visa anunciada por Estados Unidos.
La renuncia fue formalizada mediante una carta presentada a las 18:48 del jueves 22 de octubre ante la Secretaría de la Sala Plena del tribunal cruceño, según informó Correo del Sur.
La decisión se conoció después de que el Departamento de Estado estadounidense difundiera una nueva lista de personas a las que restringió el ingreso a su territorio, en el marco de señalamientos por presuntos hechos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Romer Saucedo pidió su renuncia
Horas antes de la dimisión, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, había recomendado a Quezada y al vocal ordinario Julio Nelson Alba Flores que dejaran sus cargos y se sometieran a las investigaciones correspondientes.
Saucedo sostuvo que las autoridades judiciales mencionadas debían afrontar cualquier investigación sin privilegios por su condición de servidores públicos. También pidió a la Sala Plena del TDJ de Santa Cruz considerar la conducción de esa instancia e instó a sus integrantes a actuar con ética y transparencia.
La lista estadounidense alcanza a autoridades judiciales
Quezada figura entre los 15 ciudadanos bolivianos identificados en la nueva nómina difundida por Washington, que incluye a autoridades en ejercicio, exautoridades y un particular. Las restricciones también alcanzan a familiares directos, hasta sumar 40 personas.
Entre los nombres mencionados están el exfiscal general Juan Lanchipa, los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez, además de fiscales y exautoridades policiales.
La medida estadounidense se produce en medio de cuestionamientos a distintas instituciones del Estado por presuntos vínculos con redes de narcotráfico y hechos de corrupción.
La renuncia de Quezada abre un nuevo capítulo en la crisis que enfrenta el Órgano Judicial. Sin embargo, la inclusión en una lista de restricciones migratorias no constituye por sí misma una condena penal ni determina automáticamente la responsabilidad de las personas señaladas.
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