El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, uno de los hombres más cercanos a Evo Morales, rechazó las acusaciones de haber impulsado los bloqueos de más de 50 días que afectaron al país. Durante una reciente conferencia de prensa, la autoridad departamental aseguró que ni su persona ni ningún funcionario de la Gobernación promovieron las movilizaciones, sugiriendo que la crisis fue, en realidad, provocada por el propio Gobierno central debido a su incapacidad para gestionar el abastecimiento de combustible y la situación económica.
“No hemos promovido ningún bloqueo, para mí, promovió el mismo Gobierno”, afirmó Loza, quien calificó los señalamientos en su contra como parte de una “persecución política” que persiste desde la campaña electoral.
Agenda para el sector productivo
Ante los cuestionamientos de la oposición sobre un supuesto “no importismo” frente a la crisis, el gobernador anunció que su administración trabaja en una agenda productiva y económica dirigida específicamente al sector privado y a los productores de las provincias. Loza explicó que esta planificación busca coadyuvar en la reactivación económica del departamento, abordando temas como las condiciones para la inversión y el mantenimiento caminero.
Respecto a la propuesta de un proyecto de ley de apoyo a sectores afectados presentada por la bancada de Súmate, Loza manifestó no tener información oficial al respecto y puso en duda que dicha iniciativa sea la solución definitiva a la situación social y económica del país.
Sin embargo, días atrás el gobernador calificó el diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) como “estancado”, debido a las exigencias del ente matriz para liberar a los movilizados detenidos antes de retomar las negociaciones, aunque finalmente el sector y el Ejecutivo firmaron un acuerdo.
Asimismo, el asambleísta departamental Joel Flores presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra Loza y Morales. La acusación incluye presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de los transportes y servicios públicos, además de delitos contra la salud pública, vinculándolos directamente con la organización y promoción de los recientes bloqueos de carreteras.
Fuente: Correo del Sur
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