Por *Daniel Marañón Tovar
A modo de introducción debemos de vislumbrar que en nuestro país ya vivimos bajo un régimen de autoritarismo competitivo, lo que significa que este régimen de gobierno ha instaurado un modelo con ciertas reformas legales que actualmente permiten una transición de una democracia plena con independencia de sus órganos y respetuosa del estado de derecho, hacia un autoritarismo cada vez más duro o radical (estado policial) que cuarta las libertades, desmantela la institucionalidad a través del sometimiento de los poderes del estado a uno solo; el poder ejecutivo, por lo que debemos de tener claro que vivimos en una “democracia hibrida” aparentemente plena, inclusiva, legitima he inclusive legal, pero “funcional al gobierno”; ya que este ha desplegado una serie de reformas legislativas para garantizar el statu quo que les permite tener siempre una ventaja frente a sus adversarios a objeto detentar el poder el mayor tiempo posible, mostrándose así ante la comunidad internacional como un estado democrático.
Por lo que se puede establecer que en Bolivia esta democracia hibrida a deformado el estado de derecho, mismo que no garantiza las condiciones básicas para la convivencia pacífica y un orden político que provee seguridad y respeto de los derechos humanos, así también lo menciona el informe de Fundación Milenio; “Bolivia reprueba en Estado de Derecho” encontrándonos en el puesto 29 de 32 por encima de Nicaragua, Haití y Venezuela.
Dicho esto comprendemos lo importante que es contar con un censo oportuno y lo más transparente posible ya que este nos ayudara a recoger varios datos estadísticos entre esos el más importante el recuento de todos los ciudadanos bolivianos distribuidos en todo el territorio nacional, este dato número es fundamental para varias acciones posteriores para iniciar varias reformas que permitirán recuperar los contrapesos tan saludables para la democracias, dichos datos proporcionados por el censo de población y vivienda repercutirán en lo político, económico y social.
1.- Este dato permitirá una nueva recomposición al interior de la cámara de diputados ya que se prevé que la ciudad de Santa Cruz obtenga 2 escaños más llegando a contar con 30 escaños de los 130, lo que también significa que otros departamentos perderán escaños como La Paz, Potosí o Cochabamba por el flujo migratorio, lo que representa también que la correlación de fuerzas al interior de la cámara de diputados cambiara.
Este dato también reflejará que el eje central es el que concentra la mayor cantidad de población, como la tendencia que se viene mostrando de acuerdo al último censo, pero si se sigue aplicando la ley 421 de Redistribución de Escaños se seguirá favoreciendo al área rural con 36 escaños que representan solamente el 31% de la población, en contra de las poblaciones urbanas con una mayor representatividad del 68% de la población pero que solamente le corresponde 27 escaños para representación parlamentaria de los 130.
Por lo que se puede observar de manera clara; que los votos del área rural valen más que los de los centros urbanos, algo que es injusto pero obviamente cumple un objetivo político que es obtener ventaja donde la población es menor pero en su mayoría afín al partido de Gobierno MAS, por lo que si no se modifica la ley 421 de redistribución de escaños antes de ir a elecciones; no se modificara considerablemente la composición de la cámara de diputados como se espera, ya que esta norma está diseñada para lograr que el MAS obtenga siempre una ventaja ya que su nicho electoral es el área rural.
2.- Este nuevo censo también proporcionara nuevos datos para una nueva redistribución de recursos, lo que obviamente al Gobierno no le conviene ya que actualmente siendo Bolivia un Estado unitario con autonomías el 86% de los recursos del presupuesto general del Estado se van al nivel central, un 12% a los municipios, un 4% a las gobernaciones y 2% a las universidades públicas, por lo que será una necedad retomar el debate de generar una nueva redistribución de los recursos a través de un nuevo pacto fiscal.
3.- De la misma manera al contar con nuevos datos sobre el censo se podría cotejar con los datos del padrón electoral y de acuerdo a lo que indica la ley 018 de modificación a la Ley del Órgano Electoral, el Servicio de Registro Civil debe de actualizar y elaborar un nuevo padrón electoral, lista de electores que debe de ser confiable para la población e instrumento fundamental para la celebración de elecciones democráticas el año 2026.
Finalmente se puede establecer que el censo es una actividad importantísima que se debe de llevar adelante de manera previa a las elecciones, ya que forma parte del inicio de varias acciones que deben de tomarse de manera anticipada a las elecciones nacionales, para así poder llegar a las elecciones en igualdad de condiciones y con reglas justas y claras, de lo contrario nuevamente el diseño de todo el andamiaje legal e institucional se impondrá para meter el statu quo que el gobierno quiere mantener, por lo que es tarea fundamental de los partidos políticos de oposición y la ciudadanía tomar conciencia y acción.
Daniel Marañón Tovar es Politólogo.
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