El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, indicó que, ante la fragilidad institucional, existe la necesidad de fortalecer el sistema democrático y garantizar el desarrollo normal de las elecciones generales.
“Lo hemos dicho permanentemente desde la gestión pasada, en ocasión de las elecciones judiciales, frente a una fragilidad institucional, es necesario fortalecer el ámbito democrático”, dijo en un contacto con los medios.
Callisaya remarcó que esta próxima elección general prevista para el 17 de agosto “debe realizarse con todas las condiciones de integridad, competitividad y publicidad además de la transparencia”.
Para la autoridad, es legítima la petición de algunos sectores que buscan la materialidad de los derechos fundamentales, como en el caso de los binomios que deben tener paridad o de los pueblos indígenas que pretenden una representación directa.
“Sin embargo, también es necesario afirmar el ambiente democrático y la sucesión democrática a la finalización de un periodo de gobierno. Es decir, las elecciones no se deben paralizar, debemos fortalecer el espacio de transición democrática”, agregó.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo emitió en esta jornada un pronunciamiento en el que pide al TCP “celeridad en el análisis de consultas y garantizar respeto al principio de preclusión”.
“En el contexto del proceso electoral nacional 2025, la expectativa crece entre los pueblos indígenas originario campesinos, de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil organizada a nivel nacional respecto al pronunciamiento que pueda emitir el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en relación a la viabilidad de exigir la paridad en los binomios presidenciales y la demanda de participación efectiva y directa de las NPIOC en los comicios nacionales programados para el próximo mes de agosto”, señaló el documento.
A través del comunicado, la Defensoría del Pueblo subrayó “la importancia apremiante de que el TCP aborde con la mayor celeridad los temas sometidos a su conocimiento, tomando en cuenta la sensibilidad e impacto de estas decisiones en la actual coyuntura nacional y enfatiza la necesidad de garantizar el estricto respeto al principio de preclusión, en plena concordancia con lo ya manifestado por el Órgano Electoral Plurinacional, a fin de asegurar la certidumbre y la transparencia del proceso electoral en su conjunto”.
EL DEBER
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