Los grupos empresariales más importantes de Santa Cruz, que tradicionalmente dejaron el ejercicio de la política a los representantes de las logias más grandes de la región, han perdido la confianza en el gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, porque en su gestión de conflictos, dejó de lado el diálogo y la negociación, y optó por una estrategia que a la capital económica del país le ha significado enormes pérdidas, afirmó el analista Emilio Rodas, en una evaluación de la disputa por el Censo.
“La burguesía cruceña, los grupos económicos más importantes de Santa Cruz, ya no se sienten representados por las tradicionales logias. Hay una nueva realidad política y social acá y tienen que constituir nuevas relaciones”, dijo Rodas, quien aseguró que el paro indefinido que se mantiene el día trigésimo cuarto extenderá facturas a los diversos actores políticos que se enfrentaron, incluyendo al propio gobierno de Luis Arce.
En contacto con el periódico digital Urgente.bo, Rodas aseguró que los grupos empresariales de Santa Cruz le pidieron al gobernador Camacho que suspenda el paro, que halle una solución negociada al conflicto del paro, pero éste no les escuchó y, por el contrario, optó por la radicalización.
El perfil político del gobernador cruceño significa una enorme carga económica para quienes en determinado confiaron en él para dirigir los destinos de Santa Cruz y ser el contrapeso político con el gobierno de Arce Catacora, en el análisis de Rodas.
“Los empresarios delegaron la representación política a las logias, pero Camacho ha acelerado la ruptura de esa relación. En la crisis del 2019, como presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, llevó adelante un paro de 21 días. Como gobernador luego llevó adelante un paro de nueve días. Después, en este conflicto del Censo, hizo un paro de tres días y ahora uno indefinido de 34 días. Camacho y Calvo no le hacen bien al sector productivo”, sostuvo.
Menciona a ambos dirigentes cruceños porque ellos, según su análisis, le dieron el enfoque político al conflicto del Censo, que debió desarrollarse en el escenario técnico, como intentó el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, añadió. “Ambos dilataron cualquier posibilidad de diálogo, incluso mucho antes de que se inicie el paro indefinido. Manejaron los tiempos con intencionalidad política”.
En ese marco, la factura política y económica del prolongado conflicto del Censo de Bolivia será pesada y larga, admite Rodas. Los afectados serán los dirigentes de Santa Cruz y el propio gobierno de Arce, cuya bandera era la política económica, dice.
“Se ha logrado debilitar la gestión económica, este conflicto va a tener un fuerte impacto”, admite.
Ahora bien en el escenario política emergen nuevos actores que harán frente a los grupos tradicionales que representan a las logias. Los choferes, los gremialistas, los vecinos, ya tienen peso político, apunta.
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