La Defensoría del Pueblo, a través de su máxima autoridad, Pedro Callisaya, expresó su preocupación por las consecuencias de las movilizaciones y bloqueos que afectan al país desde hace 24 días y alertó sobre el deterioro de los derechos humanos y la convivencia pacífica. Además, advirtió que el país se encuentra “al borde del precipicio” debido a la falta de entendimiento entre los distintos actores involucrados en la conflictividad.
Callisaya sostuvo que la falta de entendimiento entre el Gobierno y los sectores movilizados ha profundizado la crisis social y política. “Mientras el Gobierno cree que dialogar es rendirse, los sectores movilizados parecen creer que sentarse a hablar es traicionar su lucha”, afirmó la autoridad, al exhortar a ambas partes a recapacitar y priorizar el diálogo.
El Defensor del Pueblo explicó que la prolongación de las protestas está generando graves afectaciones a la población, principalmente por la interrupción en el traslado de oxígeno medicinal, medicamentos e insumos médicos. Asimismo, mencionó el desabastecimiento de combustibles y el incremento sostenido en los precios de los productos de la canasta familiar.
Según la autoridad, las personas más vulnerables son las más perjudicadas por la conflictividad. “El derecho a la salud y a la vida no pueden quedar atrapados en medio de la confrontación. El pueblo quiere comer, quiere trabajar y quiere restablecer la normalidad cotidiana”, remarcó Callisaya al referirse al impacto económico y social de las medidas de presión.
Finalmente, el Defensor del Pueblo pidió el cese inmediato de toda acción violenta y demandó al Ministerio Público investigar de manera inmediata los decesos, personas heridas y agresiones contra trabajadores de la prensa registradas durante las movilizaciones. “No podemos seguir confrontándonos entre bolivianos”, concluyó la autoridad.
El Deber
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