Beatriz Layme / La Paz
Horas después del anuncio de México de demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, los gobiernos de ambos países se abrieron a dialogar para solucionar el conflicto diplomático sobre los asilados en la legación mexicana.
“Hago un llamado a la Canciller de Bolivia a que abramos un canal de comunicación directa e incluso personal, cuando lo estime. Que nos encontremos en un país intermedio con el propósito de encontrar una ruta para el diálogo y la diplomacia”, afirmó Maximiliano Reyes, subsecretario de México de Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe.
Minutos después, en Bolivia la canciller Karen Longaric aceptó un “diálogo fluido”, en cualquier lugar, pero con homólogo mexicano, Marcelo Ebrard.
“Bolivia está dispuesta a tener relaciones amistosas con México, un diálogo fluido, pero siempre en el marco del respeto a la no injerencia de los asuntos internos de otros Estados. El diálogo tiene que ser con el Canciller de México no con el Vicecanciller”, afirmó la autoridad en entrevista con una radio mexicana.
La tensión diplomática entre Bolivia y México se originó después de la salida de Evo Morales y las declaraciones políticas que emitió en ese país en calidad de asilado. Desde que arribó a suelo mexicano el expresidente sostuvo que sufrió un golpe de Estado.
Esa postura fue respaldada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo que Morales “fue víctima” de una asonada golpista.
La Embajada de México en Bolivia tiene en calidad de asilados a nueve exautoridades de Morales. En la lista figuran Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, entre otros acusados de terrorismo y sedición.
En los últimos días, el Gobierno boliviano reforzó la seguridad en la residencia y en la embajada mexicana, acción que alarmó al Gobierno de AMLO. Ante ese panorama, la mañana de ayer, México anunció una demanda contra Bolivia ante la Corte de La Haya por “hostigamiento” a la residencia diplomática y su embajada, donde están asiladas las exautoridades.
Sede de la embajada de México en La Paz.
“El día de hoy, México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional Penal por violación a obligaciones diplomáticas, planteamos que se preserve la integridad de instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano”, informó Marcelo Ebrard, canciller de México, quien después aclaró que se trata de una demanda ante la CIJ.
En respuesta, el Gobierno boliviano identificó al menos siete desatinos de México: 1) Tergiversar la realidad sobre la lucha del pueblo boliviano, 2) Difamar al Estado boliviano, 3) Un afán de lavar la “imagen autoritaria” de Evo, 4) Permitir a Morales hacer declaraciones políticas desestabilizadoras e incluso llamados a la violencia, 5) No actuar con reciprocidad, 6) Desafiar a la jurisdicción boliviana y 7) Distorsionar la verdad respecto a las medidas de seguridad en su embajada.
Longaric lamentó la postura de México. “Cómo se puede llamar golpe de Estado… esta difamación que trata de hacer México a nivel internacional cae por su propio peso”, dijo.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, explicó que reforzaron la vigilancia por reportes de Inteligencia que establecen que organizaciones sociales pretenden ingresar a predios diplomáticos de México para sacar a Quintana porque consideran que es el responsable de la caída de Morales.
“Ellos (México) están cobijando a delincuentes como a Quintana, buscados por la justicia boliviana. Nosotros sólo cumplimos con nuestro trabajo, proteger la embajada”, aseguró Murillo.
Conflicto diplomático
Política La actividad política de Evo Morales en México fue el primer punto que originó protestas. Bolivia presentó un reclamo diplomático por la violación a los principios del derecho de asilo y refugio.
Refugiados En la Embajada de México en Bolivia están al menos nueve exautoridades de Morales en condición de asilados. México pidió salvoconductos. Bolivia rechazó y solicitó la entrega de las exautoridades que tienen procesos en su contra.
Página Siete
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