La red de cuentas falsas en Facebook e Instagram desmantelada por Meta, supuestamente creadas por el Gobierno, desató una “guerra” a tres bandas entre “arcistas”, “evistas” y opositores, que ayer cruzaron fuego por ese polémico asunto al acusarse mutuamente de financiar ejércitos de “guerreros digitales” con fondos públicos.
En Twitter, el expresidente Evo Morales volvió a pedir que “se investiguen” los supuestos “pagos a Facebook” por parte del Gobierno para financiar las 1.600 cuentas falsas desactivadas por Meta, que eran usadas para “atacar” a los dirigentes del MAS y a él mismo, según el jefe del partido oficialista.
El diputado evista Héctor Arce reforzó esa teoría y afirmó que esa red de guerreros digitales “está a la viceministra Gabriela Alcón; del director de Comunicación del Ministerio de Gobierno, José Gabriel Llorenti, y de Andrea Verdecia de Llorenti, esposa de este último y comunicadora de la ministra María Nela Prada”, algo que, aseguró anoche, demostrará en este martes.
Por su parte, la Dirección Nacional del MAS, en un comunicado, afirmó que los “mercenarios digitales” del Gobierno usaron el nombre del MAS para “justificar sus actividades de terrorismo mediático”.
El Gobierno, no obstante, volvió a negar un presunto desvío de fondos públicos para financiar esa red de guerreros digitales.
Alcón dijo que, “para alejar cualquier sospecha, manipulación y especulación”, solicitó al Ministerio de la Presidencia “una auditoria” a todos los contratos con los medios de comunicación y aquellos destinados a la difusión de propaganda estatal por medio de redes sociales.
La Viceministra negó de “forma categórica” el supuesto desvío de recursos, “destinados a otros fines que no sean los establecidos” por las normas y añadió que “creo, en lo personal, que la política no puede estar basada en rumores y especulaciones”.
Por su parte, el diputado “renovador” Rolando Cuéllar recordó que el expresidente fue el que ordenó crear a los llamados gurreros digitales. Fue el “autor intelectual y material de los guerreros digitales”, dijo el legislador.
“(Se) creó en el gobierno del compañero Evo Morales, y él tiene amplio conocimiento. Y debería mostrar: ‘Yo hacía esto, yo pagaba tanto y, ahora, están pagando parece (el) doble’. Yo creo que eso es más correcto”, dijo, por su lado, el senador Félix Ajpi (MAS, consultado sobre quien creó a los guerreros digitales.
El diputado Arce, al respecto, admitió que en la gestión de Morales había guerreros digitales, pero aseguró que estos “hacían un trabajo ad honórem”.
Por su lado, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, acusó al gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez de usar guerreros digitales para acatar a sus detractores.
“En ese momento, obviamente, también aparecieron supuestamente estos ‘guerreros digitales’, pero a favor de la señora Jeanine Áñez”, afirmó.
Los opositores, entretanto, anunciaron que solicitaron informes no solo al Gobierno, sino a Meta.
“Alarma que eroguen 1 millón de dólares para el pago de guerreros digitales y no sean capaces de generar fuentes de empleo. Estamos solicitando información al Viceministerio de Comunicación y una reunión con Meta”, adelantó la diputada Luisa Nayar (CC).
“Evo está peleando con su Frankenstein. No hay inventor que no se joda con su propio invento. Evo fue el fabricante de los guerreros digitales y hoy está recibiendo de su propia medicina”, opinó, por otro lado, el senador Erik Morón (Creemos).
ATT: Informe de Meta no tiene sustento
La Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) aseguró ayer que el informe de Meta, en el que afirma que detectó 1.600 cuentas falsas vinculadas al Gobierno, no tiene sustenso.
“Realizado el análisis, respecto a ese reporte, no se evidencia ningún tipo de prueba, documentación ni datos de respaldo que validen tales afirmaciones, es decir, que las cuentas que supuestamente son de identidad falsa tengan una relación o vínculo con el Gobierno”, dijo el director jurídico de la ATT, Marcio Gutiérrez.
El funcionario calificó el informe de Meta como unilateral y anunció que se analizará si se toman acciones legales por parte del Gobierno.
Correo del Sur
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