La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) sospecha que Evo Morales pretende legitimar el dinero “que raramente le ingresa” para promover bloqueos y ahora amenazar con “incendiar el país”.
“Vemos que él (Morales) está tratando de justificar tanto dinero que está invirtiendo en operadores políticos, traslado de gente para hacer bloqueos, marchas para llevar adelante el plan de incendios. Vemos claramente que está tratando de legitimar esas ganancias que raramente le ingresan”, dijo el secretario de actas de la Csutcb, Armin Flores.
Morales demanda una indemnización de Bs 1.912.933,59, porque en 2020 el Tribunal Supremo Electoral (TSE), presidido por el exvocal Salvador Romero, lo inhabilitó como candidato a senador por Cochabamba.
En aquella oportunidad, fue inhabilitado bajo el criterio que no residía en Bolivia, ya que en ese entonces cumplía un refugio político en Argentina. Su lugar lo ocupó el dirigente cocalero Leonardo Loza, actual senador.
Sin embargo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0087/2021, difundida el 7 de mayo de 2021, declaró inconstitucional la inhabilitación de la candidatura de Morales y dispuso el pago de una indemnización económica.
Morales rechazó la indemnización en 2022, pero en los últimos días activó un proceso penal para que el TSE efective el pago de casi Bs 2 millones.
Según Flores, esta millonaria indemnización podría ser utilizada para financiar las movilizaciones e “incendiar” el país.
Ante esta situación, también recordó que el expresidente del Movimiento Al Socialismo tampoco realizó una rendición de cuentas sobre los aportes que recibió de los militantes y simpatizantes.
“Hasta el momento no ha justificado el tema de aportes”, reprochó.
Asimismo, lamentó que Morales nuevamente esté siendo “manejado” por operadores políticos como Wilfredo Chávez, Carlos Romero, Juan Ramón Quintana y otros.
Datos
En los últimos días, el Tribunal Supremo Electoral anunció que objetará la indemnización y alegará ante la Justicia que el expresidente ya recibe una renta mensual de Bs 25.000 que es financiada por el Estado.
ABI
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