El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fijó para el 8 de agosto el inicio del juicio de responsabilidades en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), por los contratos petroleros firmados sin aval del Legislativo, informó el magistrado Olvis Egüez.
“Hemos señalado audiencia para el próximo martes 8 de agosto, en el que se iniciará el desarrollo del juicio oral. Estamos a la espera de que se realicen todas las diligencias mediante las comisiones respectivas para las notificaciones y que todas las partes tengan conocimiento de este juicio oral”, explicó, según un reporte de Urgente.bo.
El caso Petrocontratos se activó el 2005 contra los expresidentes Sánchez de Lozada y Jorge Tuto Quiroga, además del exministro Carlos Alberto Contreras del Solar y otros implicados.
Quiroga, que era procesado por la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes formales y conducta antieconómica por la presunta firma de contratos petroleros para la exploración de hidrocarburos en el territorio nacional sin autorización del Congreso, se acogió a un decreto de amnistía promulgado por Evo Morales en octubre de 2020 y fue excluido del caso.
Sánchez de Lozada, Contreras del Solar y otros implicados están acusadas por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Estas sindicaciones están relacionadas con la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas. Los documentos fueron suscritos sin la autorización del Legislativo.
De 106 contratos, 52 se firmaron en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002); y uno en la de Carlos Mesa.
Esos documentos, según las acusaciones que llegaron al Ministerio Público, favorecieron los intereses de las petroleras en detrimento del interés del Estado.
Sánchez de Lozada reside en Estados Unidos desde octubre de 2003, cuando dejó Bolivia y dimitió a la Presidencia en medio de una crisis política y social agudizada por una represión que acabó con más de 67 muertos y 400 heridos por impactos de bala. Las movilizaciones rechazaban la exportación de gas por puertos chilenos y pedían la nacionalización de los hidrocarburos y convocar a una Asamblea Constituyente.
ABI
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