Una nota de opinión publicada el 26 de febrero por el diario Washington Post (EEUU) señala que “no hay ninguna evidencia estadística” sobre un fraude en las elecciones del 20 de octubre en Bolivia, como afirmó la auditoría de la OEA. Dicho informe fue descalificado por el Ministerio de Justicia boliviano que lo tildó de «tendencioso e improvisado».
En un comunicado esta cartera de Estado hace una diferencia y dice que se trata de un «estudio estadístico, no de un estudio forense» lo que implica que no comprende la dimensión del fraude documental respecto a la falsificación de actas. Es decir, «el medio en cuestión nunca ha realizado un estudio de campo -en Bolivia- que verifique las pruebas materiales del fraude».
Lo curioso, según dice el documento, es que este «supuesto análisis estadístico» elaborado por John Curiel y Jack Williams, investigadores del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusett) señala que la revolución ciudadana que se generó en Bolivia fue un Golpe de Estado, lo cual devela que este medio de prensa internacional actúa como «agente del régimen de Morales» y en contra de la libertad del pueblo boliviano.
«Resulta sorprendente que un par de estadísticos se extralimiten y realicen declaraciones políticas», por tanto, «se puede afirmar que se trata de una investigación viciada, tendenciosa e improvisada».
Lo que dice el comunicado:
«Al ser sólo un estudio estadístico, no entiende lo que significó la paralización del Sistema TREP, sólo analiza que el cambio de tendencia es posible; sin embargo, lo que es altamente sospechoso es que el cambio de tendencia se haya producido justamente luego de la paralización del sistema Trep. Tampoco toma en cuenta que, durante esas 23 horas, el Gobierno de Morales introdujo datos falsificados al sistema.
Es importante recordar al medio que hizo la publicación que el régimen de Morales gobernó por 14 años violando la ley y pretendía quedarse, al menos, 19 años. El medio tampoco hace referencia a que el anterior Gobierno mató a decenas de personas a causa de sus convicciones políticas; que hubo más de mil exiliados, discriminación racial y política, ataques a periodistas y medios de comunicación, violaciones al debido proceso y la negación de acceso a la justicia contra quienes tenían ideas políticas distintas, criminalización de instituciones u organismos que disentían de la ideología del Gobierno, sometiendo por parte del Ejecutivo sobre los órganos Legislativo, judicial y electoral; y la suspensión ilegítima de los derechos políticos».
El Deber
Mira también
Comentarios