Los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, plantearon la noche de este lunes que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se aparte del ejercicio de sus funciones mientras se aclara su situación, luego de que el Gobierno de los Estados Unidos (EEUU) le restringiera la visa por una presunta vinculación con “actos de corrupción significativa” relacionados con la protección al narcotráfico.
En conferencia conjunta, se anunció que se solicitará la convocatoria a una sesión de la Asamblea Legislativa para abordar este tema. Asimismo, se guardarán los informes que se requieran, vía Cancillería, a EEUU sobre este caso.
«La gravedad de estos señalamientos obliga a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad. Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas», afirmó Ávila.
El presidente del Senado explicó que el pedido de apartamento responde precisamente a la necesidad de que cualquier investigación pueda desarrollarse sin interferencias.
“En resguardo de la institucionalidad democrática, la independencia de la justicia y la transparencia de las investigaciones, consideramos que es necesario que, mientras se esclarezcan los hechos denunciados, el fiscal general del Estado se aparte del ejercicio de sus funciones”, sostuvo.
Ávila agregó que el alejamiento debe permitir que las investigaciones se desarrollen “con plena independencia, sin interferencias ni privilegios”, garantizando la búsqueda de la verdad material y el respeto al debido proceso.
Como segundo componente de esta respuesta, ambos presidentes solicitaron al ministro de Relaciones Exteriores que, mediante los canales diplomáticos correspondientes, gestione ante el Gobierno de Estados Unidos toda la información oficial, documentación y antecedentes disponibles sobre los señalamientos. La finalidad, explicó Ávila, es que las instituciones bolivianas conozcan directamente el alcance y sustento de las procesamiento.
“Una vez que la Cancillería tenga la información oficial solicitada, corresponde que sea puesta en conocimiento de las instancias competentes y que se determina con transparencia las actuaciones legales y parlamentarias que proceden”, señaló Castro, presidente de la Cámara de Diputados.
Además, Ávila y Castro solicitaron por escrito al vicepresidente Edmand Lara, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la convocatoria, con carácter de urgencia, a una sesión de la ALP, para que el tema sea incorporado en el orden del día y se consideren los mecanismos institucionales de investigación y seguimiento que corresponden.
«No estamos anunciando culpabilidades ni sustituyendo a fiscales o jueces. Estamos pidiendo que los hechos sean examinados a fondo, que se preserven los elementos de prueba disponibles y que toda decisión tenga un sustento legal», indicó Castro.
Remarcó que, de comprobarse la vinculación con ilícitos, deberán aplicar las sanciones previstas por ley; y, si no hubiera habido sustento en las acusaciones, entonces, de igual forma, deberá aclararse ante el país.
Correo del Sur
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