La familia del exdefensor del Pueblo y exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (Umsa), Waldo Albarracín, declaró que, hasta el momento, éste continúa declarado en la clandestinidad porque no existen garantías ni confianza en el Gobierno para que deje de instrumentalizar a la justicia.
“Por el momento sí (está clandestino) hasta que el Gobierno, espero con esta carta, ojalá se pueda garantizar sus derechos y pueda asegurarnos que ya no van a utilizar el Ministerio Público para inventarse juicios en contra suya, en contra de nuestra familia”, declaró a la ANF, Franco Albarracín, que es abogado defensor e hijo de la exautoridad.
En marzo de 2021, el exrector fue denunciado por Janeth Z.A. quien afirmó haber tenido una relación sentimental con Albarracín y que fruto de esa relación habría nacido una niña que en ese momento estaba internada en el Hospital del Niño y que requería ayuda económica para sustentar su atención.
Desde entonces se desató un proceso judicial con el exdefensor del Pueblo. Albarracín negó desde el primer momento que fuera el progenitor de la menor y se sometió a dos pruebas de ADN en el lapso de un año, ambas salieron negativas. Durante el proceso, el exrector se declaró en la clandestinidad, condición en la que sigue perteneciendo hasta el momento.
“Estar en clandestinidad implica es muy fuerte y peligroso para los Derechos Humanos, uno no puede ir fácil a una clínica con facilidad por temor a ser aprehendido”, indicó Franco Albarracín.
La pasada jornada se conoció una carta de la Relatora de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, en la que se pedía un informe a Bolivia sobre todos los casos abiertos en contra del exrector e instó al Gobierno preservar los derechos de quien fuera también Defensor del Pueblo.
La misiva, según Franco Albarracín, fue enviada al Estado boliviano en noviembre del pasado año con carácter reservado y daba un plazo de dos meses para cumplir con los informes. Las autoridades bolivianas no cumplieron y por esa razón se hizo público el contenido del documento.
“No es la primera vez que Naciones Unidas verifica que se está utilizando la justicia para perseguir a las personas. Entonces, esperemos que con esta carta dejen la persecución, dejen de utilizar al Ministerio Público, jueces y fiscales para perseguirnos y para perseguir a otras personas que lo único que hacen es emitir un criterio diferente amparados en su derecho a la libre expresión”, sostuvo el abogado.
Otros en la clandestinidad
El 17 de marzo de 2021, el exministro de la Presidencia, Yerko Núñez, se declaró en la clandestinidad por la “desmedida persecución política” y responsabilizó al expresidente Evo Morales y al exministro Juan Ramón Quintana de haber instaurado este régimen en contra de los opositores.
El 4 de abril del mismo año, a través de una carta, la exministra de Medio Ambiente y Aguas, María Elva Pinckert se declaró en la clandestinidad y dijo que se encuentra “a buen recaudo”. En esa oportunidad dijo que retornará al país cuando la justicia sea independiente.
En diciembre de esa gestión, el expresidente y el secretario de conflictos del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel y Ramiro Subia, respectivamente, se declararon en la clandestinidad. El primero falleció este fin de semana pasado y el segundo aún se encuentra en esa situación.
El 29 de enero de 2022, el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, también se declaró en la clandestinidad. Su situación se hizo conocer a través de un manuscrito en el que también denunció que el procurador Wilfredo Chávez pidió su aprehensión por la supuesta compra irregular de los buses Pumakatari.
En las últimas dos semanas se conocieron resoluciones y fallos internacionales sobre casos de violación de derechos humanos en Bolivia; sin embargo, el Ejecutivo ha preferido mantener un silencio notorio.
En los últimos meses, el Estado boliviano fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso “Angulo Losada”, que trata de la denuncia por la violación de una menor de edad en julio de 2002; luego se conoció el fallo del el caso “Flores Bedregal”, que se refiere al asesinato de Juan Carlos Flores Bedregal, durante el golpe de Estado de julio de 1980; el tercer fallo internacional fue por el caso, “Valencia Campos”, presentada por el excoronel de Policía, Blas Valencia, y otros por la violación de sus derechos en los sucesos que siguieron a su captura en diciembre de 2001.
ANF
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