La determinación que tomó la jueza de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar, de dejar sin efecto la orden de aprehensión y congelar los actos procesales que están en curso en contra del expresidente Evo Morales, acusado por el delito de trata y tráfico de personas con agravante, causó un aluvión de reacciones en contra y a favor en el país. El Consejo de la Magistratura y el Gobierno central anunciaron el inicio de un proceso administrativo y penal en contra de la autoridad.
Y es que se trata del segundo fallo a favor que concede la cuestionada autoridad jurisdiccional cruceña hacia el líder cocalero, con quien trabajó durante su Gobierno en puestos de confianza desde 2012 al 2016. El primer caso estalló a inicios de octubre del año pasado cuando la Fiscalía de Tarija ordenó la aprehensión en contra de Morales por el delito de estupro y trata de personas, por abusar a una niña de 15 años en 2016, mientras ejercía la presidencia, con quien tuvo una hija en común, hoy de 8 años.
Sin embargo, en una audiencia virtual de acción de libertad en octubre, Moreno dejó sin efecto tal orden de apremio y dispuso que el caso sea trasladado al bastión del exmandatario, en Villa Tunari-Cochabamba, pese a que el delito, presuntamente, se produjo en Tarija. La Fiscalía General del Estado dejó en claro en aquella oportunidad que la investigación contra Morales seguía vigente, luego las pesquisas ingresaron en reserva por más de 10 días, después se produjo la notificación en el domicilio de Evo para que acuda a declarar a Tarija.
Este llamado a presentarse ante la justicia no se cumplió porque la defensa de Morales presentó al menos cuatro incidentes argumentando que no fueron notificados legalmente y después que su defendido estaba enfermo. Finalmente, el juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujeres Quinto de Tarija, Nelson Rocabado, lo declaró en rebeldía y ordenó su aprehensión a principios de enero de este 2025, algo que el Ministerio de Gobierno no cumplió hasta la fecha justificando que esperaban el momento oportuno para proceder a la captura de Evo, sin dejar víctimas en Lauca Ñ, ante la defensa que instalaron las organizaciones sociales en el trópico de Cochabamba.
Segundo fallo a favor
Ayer, de manera sorpresiva, se conoció la decisión que tomó la jueza Lilian Moreno al conceder el 24 de abril la tutela que llegó hasta su despacho por parte de la defensa jurídica de Evo, en la que plantearon un recurso constitucional argumentando que sus derechos fueron vulnerados al haberse emitido orden de aprehensión contra el exmandatario.
“Se han anulado obrados del Ministerio Público hasta el 2 de octubre de 2024, lo que significa que no existe imputación formal, no existe ningún mandamiento de aprehensión, de igual manera se anuló obrados del cuaderno procesal del juez (del caso)”, argumentó la autoridad.
Esta determinación se da en medio del anuncio que dieron las bases cocaleras de Morales, de protagonizar una gran marcha hacia La Paz este 16 de mayo, con la movilización de 60 carros, para inscribir la candidatura de su líder, a fin de terciar en las elecciones generales del 17 de agosto. Precisamente, el 19 de mayo vence el plazo para el registro de candidaturas, toda vez que ya venció la fecha para la confirmación de participación e inscripción de alianzas partidarias que feneció el 18 de abril, según el calendario electoral.
Las reacciones no tardaron. Jorge Pérez, abogado de Evo, afirmó que el auto constitucional de la jueza Moreno anula los obrados del Ministerio Público y del Órgano de la Justicia, que establece que “en este momento no existe imputación formal, ni orden de aprehensión fiscal, ni existe orden de aprehensión judicial”.
“Él está liberado de esos cargos, de ese doble procesamiento que fue ilegal. Es un auto que resolvió una queja constitucional porque a lo resuelto en la acción de libertad del 2 de octubre de 2024 no le dieron cumplimiento. Ahora se está exigiendo que se cumpla”, sostuvo Pérez.
Por su parte, Nelson Cox, otro de los abogados de Morales, explicó que esta tutela se dio ante las “irregularidades” cometidas por la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, argumentando que ella ni el juez Nelson Rocabado han querido “respetar la acción de libertad” que mereció un trámite de queja, la cual fue restablecida. Según el jurista, este fallo fue notificado a la Fiscalía.
“Es un caso absolutamente amañado, todos estos elementos deben ser reconducidos. Vamos a defender para que sus derechos sean restablecidos, para que su presunción de inocencia no sea violentada, porque este proceso fue cerrado en 2020”, dijo Cox.
Señaló que el juez de Tarija “no puede tener argumentos a resistirse a la ley” y que la fiscal Gutiérrez no puedan objetar, de lo contrario, se iniciarían un proceso penal contra ambos. Además, aseguró que a partir de hoy el expresidente Evo Morales podrá circular libremente en el país y encarar una campaña política abierta, después de que no salió de Lauca Ñ cuando se conoció su orden de aprehensión.
Investigación contra la jueza
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, salió al paso para indicar que no comparte con la posición de jueces, que permiten a ciudadanos procesados por hechos de pedofilia, burlarse de la justicia. “Primero nuestros niños”, posteó la autoridad en sus redes sociales.
Luego, en conferencia de prensa, informó que existen dos resoluciones sobre el caso de trata y tráfico de personas con agravante. La primera es la de la jueza Moreno, mientras que la segunda se presentó en La Paz ,en defensa de la víctima y que pide al Ministerio Público continuar con la investigación.
Saucedo afirmó que ambas resoluciones tienen el mismo peso, que son de cumplimiento inmediato hasta que haya una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional. Eso sí, dijo que analizarán ambas resoluciones y coordinando con otras instancias para asumir una postura.
“Nuestra postura es clara, nosotros no podemos dejar en indefensión a las víctimas, peor si son víctimas de sectores vulnerables. Los niños, niñas y adolescentes merecen toda la protección del Estado”, sentenció.
En tanto, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, manifestó que serán tajantes y que darán inicio a una investigación disciplinaria contra la jueza Lilian Moreno Cuéllar.
“El Consejo de la Magistratura va a ser tajante cuando una autoridad jurisdiccional evada el cumplimiento de la ley. Si esta decisión judicial ha sido en contra de la ley, tengan por seguro que esta funcionaria judicial va a ser sancionada”, declaró Baptista en contacto con los medios.
Reconoció que, aunque se respeta la independencia judicial, el caso será sometido a una revisión exhaustiva. “La información donde una juez habría cometido tal vez un acto observable va a ser revisada”.
Lilian Moreno asumió como jueza de sentencia poco antes de la renuncia de Morales en 2019, tras una carrera vinculada al sector público desde 2012, incluyendo una jefatura en la empresa estatal ENFE.
Desde Sucre, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó a EL DEBER que ni su despacho ni la Policía Boliviana fueron notificados con la resolución de la jueza Lilian, y que se están analizando todos los antecedentes para tomar una decisión sobre la vía a seguir.
Luego y en un acto oficial, la autoridad calificó el fallo como una “payasada” y aseguró que esta acción constituye un delito de desobediencia a resoluciones judiciales, sancionado con hasta seis años de cárcel, según el Código Penal boliviano.
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“Lamentablemente, esta payasada que ha cometido esta juez, está tipificada como el tipo penal de desobediencia a resoluciones judiciales. Nosotros vamos a pelear, como siempre lo hemos hecho, con la justicia boliviana”, afirmó Del Castillo en una declaración pública, exigiendo que se aplique una sanción ejemplar a la jueza Moreno.
El titular de Gobierno confirmó que el Ejecutivo coordina con distintas instituciones para proteger a las víctimas del caso, asegurando que la resolución emitida en Santa Cruz es “nula de pleno derecho”. Además, respaldó el anuncio del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Supremo de Justicia, de iniciar investigaciones de oficio contra la jueza Lilian Moreno Cuéllar.
Una fuente de Justicia del Gobierno, dijo a esta casa periodística que la jueza incumplió y que seguramente será sometida a un proceso disciplinario y penal.
Evo celebra fallo
Horas después, el ex presidente de Bolivia Evo Morales dijo que “llegó la justicia”, después de que una jueza departamental anulara una orden de captura en su contra.
“Después de mucho tiempo siento que llegó la justicia”, publicó Morales en su cuenta de X.
El abogado constitucionalista, William Herrera, consideró que el líder cocalero será favorecido, de quien dijo que tiene una protección jurídica y judicial, ya que hasta la fecha el Estado no ejecutó la orden de aprehensión en su contra.
“Si fuera un opositor , como Luis Fernando Camacho, ya lo hubieran secuestrado aunque se caiga el mundo, pero se trata de Evo Morales”, opinó.
Apuntó a que trasladar el caso de trata hasta Villa Tunari, bajo los intereses del expresidente Morales, son para que la investigación quede en nada y también quede habilitado para las elecciones generales.
Fuente: El Deber
