El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, citado por ABI, rechazó las denuncias de presunta tortura contra el exgeneral Juan José Zúñiga y aseguró que la sanción disciplinaria de aislamiento por 20 días, impuesta en el penal de El Abra, fue aplicada conforme al reglamento penitenciario y cuenta con validación judicial.
“No es un castigo que uno se inventa. El director (del recinto carcelario), en el uso de sus facultades, ha aplicado una sanción establecida por ley, y el juez ya la homologó. Se está cumpliendo una medida disciplinaria dentro del marco legal”, explicó Limpias, en respuesta a los cuestionamientos públicos emitidos por la familia y defensa legal de Zúñiga.
El exgeneral Juan José Zúñiga, investigado por la asonada militar del 26 de junio de 2024, fue aislado por usar un celular en la cárcel, artefacto que está prohibido en las cárceles del país. El pasado 16 de abril, Zúñiga brindó una entrevista por Zoom a un medio digital argentino, desde una celda del penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba.
La esposa del exgeneral denunció públicamente que el exmilitar se encuentra en condiciones de aislamiento y sufre presuntos malos tratos. Según ABI, Limpias aclaró que Zúñiga fue notificado de la medida y tenía derecho a apelar ante un juez, derecho que pudo ejercer su abogada.
Asimismo, explicó que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo ingresó recientemente al penal para verificar la situación del excomandante y desmintió las versiones difundidas.
“Constataron que no había torturas, que había alimentos en su celda y condiciones adecuadas. También verificaron un libro donde el propio señor Zúñiga firma sus salidas al sol, como establece la normativa”, precisó Limpias, citado por ABI.
“Se desmiente absolutamente este tipo de inventos. Nosotros no vamos a entrar en ese juego. Hay organismos que trabajan en la tutela de los derechos humanos y han constatado la situación real”, afirmó.
Sobre el trabajo de la comisión política que realiza indagaciones en torno al caso, señaló que es natural que existan criterios distintos, pero reiteró que el Régimen Penitenciario actúa bajo estricta sujeción a la ley.
El pasado miércoles, una comisión multipartidaria de legisladores se trasladó a Cochabamba para visitar al exgeneral en el marco de las investigaciones por la asonada militar del 26 de junio de 2024; sin embargo, no lograron su cometido ante un motín de privados de libertad que reclamaban el pago del prediario. La acción fue calificada como «armada», por parlamentarios opositores y evistas.
Fuente: El Deber
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