Nueve policías procesados por el motín de noviembre de 2019 forman parte de las pruebas de cargo descritas en el pliego acusatorio de la Fiscalía, en el caso del supuesto golpe de Estado II, en el que se enjuiciará a la expresidenta Jeanine Añez, siete exjefes militares y uno de la Policía. Entre los policías, está el oficial Víctor Hugo Soria, primero de curso de la promoción del general Jhonny Aguilera.
La prueba documental designada como MP 53 en el pliego acusatorio firmado por los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala señala que, en respuesta al requerimiento fiscal, el Tribunal Disciplinario Departamental, por medio del oficio TDD-LP N.º 968/2021, remitió la lista de los nueve uniformados. Entre ellos, está el coronel Víctor Hugo Soria, expresidente del Tribunal Supremo Disciplinario de la Policía y quien figuraba como primero de curso, con un mejor puntaje por sobre el actual comandante general, Jhonny Aguilera.
De haberse respetado la calificación de méritos y los puntajes otorgados por la Comisión de la Policía, Soria debió ascender a general y ser designado en el cargo de su camarada Aguilera. Sin embargo, Soria fue relegado del Comando y sometido a un proceso, desde hace varios meses, en el que coadyuvaron funcionarios del Ministerio de Gobierno.
La lista
Erlan Mirko Guerrero Paredes, Rudy Gregorio Uría Gutiérrez, Freddy Valda Revilla, Eloy Iván Rojas del Carpio, Edwin Silva García, Juan Rommel López Salina y Jaime Castelú son los otros siete uniformados. Y el principal es el excomandante general de la Policía Yuri Calderón, quien además es uno de los acusados por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley en el caso “golpe II”.
Según la Fiscalía, Calderón junto con el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) William Kaliman organizaron la “autoproclamación” de Añez. En la acusación, también figura una copia de la carta enviada el 11 de noviembre por el exjefe policial a Kaliman, en la que solicitó que “pueda coadyuvar en la conservación del orden público, a través de la inmediata intervención de las FFAA, para defender y garantizar el desenvolvimiento de las instituciones nacionales”, señala parte de la nota.
En esa fecha, los grupos violentos que descendían de El Alto, en defensa del MAS y pidiendo el retorno de Evo Morales al poder, cercaron la Plaza Murillo y estuvieron a punto de provocar un enfrentamiento armado. Un día antes, en Cochabamba, había iniciado un repliegue policial debido a que el coronel Raúl Grandi ordenaba reprimir a cívicos y proteger a los masistas.
Pero los fiscales acusaron a militares y policías de coordinar operativos del traslado de Añez desde Beni a La Paz, para que ingrese a la Asamblea Legislativa, e impedir el ingreso de los asambleístas del MAS, el 12 de noviembre de 2019.
Tomado de Página Siete
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