Ante el conflicto que se vive en la Chiquitania por tierras y debido a la realización del Congreso por la Tierra que concluyó con un compilado de nueve resoluciones y la promesa de un próximo encuentro para el 8 de julio
por el asentamiento ilegal de los denominados interculturales, los otros implicados en el conflicto no quedaron indiferentes, desconocieron el acto y se declararon en emergencia asegurando que conformarán una red de apoyo para evitar ser desalojados.
Óscar Castro, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Comunidades Interculturales de la Gran Chiquitania, afirmó que son 30 comunidades, cada una comprendida por 30 y 40 familias, a las que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregó títulos de tierras con una extensión de 50 hectáreas por cada comunario en municipios como Pailón, San José, San Rafael, Roboré y Puerto Suárez.
“Nosotros nos vamos a defender, porque esas tierras tampoco nos han dado de la noche a la mañana, ha llevado su proceso de años. Hay comunidades que se ha entregado en dos o tres años la resolución de asentamiento, ha sido un procedimiento legal largo, no es como dicen que se acarrea grupos y se entrega enseguida”, explicó el dirigente.
Aseguró además que llegaron a la Chiquitania en el 2010 y actualmente están conformados orgánicamente con centrales y comunidades que pertenecen a Santa Cruz, pero también a otros departamentos del país, pues aseguran que viven en tierras cruceñas desde hace 20 y 30 años formando sus familias.
Por su parte, Marcos Miranda, ejecutivo de la Confederación Única de Campesinos, determinó el rechazo a la conformación de la Comisión Agraria Departamental por ser ilegal. Asimismo dijo que el bloque Oriente se declara en estado de emergencia ante los supuestos abusos cometidos en contra de comunidades campesinas.
El Deber
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