Carlos Quisbert / La Paz
El Ministerio Público investiga al empresario Harout Antranik Samra por presunto financiamiento al terrorismo, dentro del caso seguido contra Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia. El nombre del estadounidense figura en un recibo por 50.000 bolivianos que se halló en el domicilio de la exautoridad de Evo Morales.
Pagina Siete accedió a una orden de aprehensión contra Antranik, emitida por el fiscal Marco Villa el 23 de enero, luego de que el extranjero no se presentó a declarar “en calidad de testigo” por la entrega de ese dinero. Según los documentos a los que accedió este medio, el miércoles 15 de agosto de 2019 “en predios de las oficinas de la jefatura de Gabinete del Ministerio de la Presidencia”, Antranik entregó 50.000 bolivianos.
El monto supuestamente fue un “aporte voluntario para la logística de los preparativos de la capacitación programada en control de movilizaciones”. El documento tiene el título de “Entrega de cooperación y acta de compromiso”.
El recibo es parte de los documentos que la Fiscalía encontró en el allanamiento al domicilio de Quintana, en la zona Sopocachi. En él no se precisa a quién se entregó el dinero.
Asimismo, en el texto del recibo se menciona que Antranik, el dueño de Royal Gold -la mayor comercializadora de oro en el país- “se compromete a gestionar la llegada a Bolivia de un experto en temas de seguridad a objeto de impartir las referidas capacitaciones”.
Consultado sobre la orden de aprehensión y los indicios en contra del empresario, el fiscal Villa se negó a dar información. El abogado de Antranik, Antonio Cossio, dijo que desconoce la investigación y la orden de aprehensión. Señaló que su cliente no vive en el país y que el último caso en el que lo representó fue cerrado en abril de 2019, por una supuesta estafa, proceso que terminó con un sobreseimiento a favor del empresario.
La denuncia fue presentada por el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo e instigación pública a delinquir. En el caso se citó al asambleísta departamental de La Paz Gustavo Torrico y a los exministros Javier Zavaleta, de Defensa, y Alfredo Rada, de Gobierno.
En anteriores declaraciones, Villa anunció que el proceso se ampliaría contra varias exautoridades del gobierno de Evo Morales, varios de ellos refugiados en la residencia de México en La Paz desde el pasado noviembre.
Página Siete
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