En medio del cerco a la refinería de Palmasola que impide el tránsito normal de cisternas que abastecen de combustibles a los surtidores de la capital cruceña, distintos sectores sacaron a relucir que la Ley de Desarrollo Sostenible del Sector de Hidrocarburos señala que, con carácter prioritario, se debe garantizar la atención del mercado interno de manera permanente e ininterrumpida, considerando el consumo doméstico, comercial e industrial y el transporte.
Dicha Ley fue promulgada durante el primer gobierno de Juan Evo Morales, en 2007, y reseña que “toda persona que promueva la interrupción de las actividades a que se refiere la Ley de Hidrocarburos, será sancionada conforme a lo establecido en el Artículo 214 del Código Penal (seis años de privación de libertad)”, expresa la norma vigente.
¿Cuáles son las actividades a las que se refiere la Ley 3058 de Hidrocarburos?
Esta norma establece que el suministro y distribución de los productos refinados de petróleo o/y de plantas de proceso en el mercado interno, son servicios públicos, que deben ser prestados de manera regular y continua para satisfacer las necesidades energéticas de la población y de la industria.
En este sentido, la diputada Laura Luisa Nayar sentó una denuncia ante estos cercos, donde una de las alarmas se centra en la refinería de Palmasola, por lo que pidió que el Ministerio Público sancione a la brevedad posible a quienes llevan adelante esta medida con la arenga de “si los pobres no trabajan, los ricos tampoco”.
La denuncia de Nayar apunta, entre otros personajes, al ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Rolando Borda, quien durante el anuncio del cerco a Santa Cruz amenazó con el corte de suministro de gas y abastecimiento de combustibles en la región.
Denunciamos los cercos criminales realizados por el #MAS, exigimos que la fiscalía condene a la brevedad posible a estos terroristas, de lo contrario acudiremos a las instancias internacionales. pic.twitter.com/BOyNfoCqke
— Luisa Nayar Sosa (@luisanayars) November 3, 2022
Mientras tanto, cuando los vecinos que están en contra del cerco levantaban la tierra y los escombros de la puerta de la refinería, el responsable del contingente policial que custodiaba la zona manifestó que no intervenía el cerco ni ningún bloqueo porque “respeta el derecho a la protesta”.
Además, el reporte policial reseña que las cisternas salían con normalidad, asunto por el que fue increpado por los vecinos quienes le recordaron que en este jueves no se registró tránsito en la refinería.
La postura de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) también exhibe que el miércoles se dio la salida de 67 cisternas para abastecer a los surtidores de la ciudad y las provincias, cuando se requiere de más de 200 camiones, de forma diaria, para el abastecimiento de los cruceños.
Después de que la Policía no interviniera y ante la acción de los vecinos que levantaron el cerco, YPFB suspendió la salida de cisternas con combustibles de la refinería Guillermo Elder Bell, aduciendo que hay amenaza de “grupos de choque” que pueden generar actos de violencia en el lugar. Al final, cerca de las 22:30 y tras una reunión con los vecinos, se permitió el ingreso de los camiones.
YPFB presentó una denuncia penal en contra de personas que protagonizaron “actos vandálicos” en cercanías de la zona, tras hechos registrados durante el fin de semana pasado. Sin embargo, se negó a responder por el cerco que impulsan grupos que están en contra del paro y que bloquean la salida de cisternas.
El propio abogado penalista de la estatal petrolera, Freddy Colque, evitó responder a las consulta de UNITEL sobre los motivos que frenan la salida de cisternas, tema que tiene en vilo a diferentes sectores y que también va contra la Ley y estipula reclusión en una cárcel como sanción.
La demanda de combustibles no es solo requerida por los surtidores para abastecer a la población, sino también por parte del sector productivo y la industria que también se ven afectados por el cerco en las carreteras.
UNITEL
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