La difusión de fotografías que presuntamente muestran al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, en una ciudad brasileña, reaviva las interrogantes sobre su situación legal y la posibilidad de que se encuentre fuera del alcance de la justicia boliviana.
Las imágenes, divulgadas por varios medios, ubican al exfuncionario en territorio extranjero mientras enfrenta investigaciones, una por presunto daño económico de 355 millones de dólares al Estado.
Según los reportes de los medios DTV, Periodismo Para Todos y Bolivisión, que publicaron las fotografías, Dorgathen fue visto en un establecimiento en Corumbá, Brasil, lo que generó una ola de interrogantes sobre su situación legal y las razones de su presencia fuera del país.
Hasta el momento, la Fiscalía no se pronunció para confirmar o desmentir la veracidad de las imágenes o aclarar si existen medidas cautelares que restrinjan su salida del territorio nacional.
Dorgathen es una de las figuras centrales en la investigación legislativa y fiscal por la creación y operación de la empresa Botrading, una subsidiaria de YPFB fundada en febrero de 2023 durante su gestión. Según la denuncia del diputado de Unidad, Carlos Alarcón, esta empresa habría funcionado como una «sociedad ficticia» para realizar negocios millonarios en la importación de combustibles, con la evasión de procesos de adjudicación pública que provocaron sobreprecios.
Pese a la gravedad de las acusaciones, Dorgathen defendió públicamente a Botrading, bajo el argumento que la empresa generó ahorros millonarios para el Estado en la importación de carburantes. Sin embargo, el 10 de noviembre, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, anunció el cierre definitivo de la subsidiaria al declarar que «Botrading no va más».
La aparición de Dorgathen en Brasil plantea un serio desafío para la administración de justicia en Bolivia. La falta de un pronunciamiento oficial y de información sobre su estatus legal alimenta la controversia y deja en el aire preguntas sobre las garantías procesales y la capacidad de las autoridades para hacer frente a casos de alta corrupción que involucran a exfuncionarios.
Agencias
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