Llanto, impotencia y tensión es lo que dejó el desalojo de 46 familias en el cerro de Cota de Quillacollo. Estas personas tuvieron que presenciar la demolición de sus viviendas por ser “construcciones ilegales”.
Las casas estaban ubicadas en la junta vecinal Venancio Mercado, a 15 minutos del santuario de la virgen de Urkupiña. En un principio se debían demoler 80, pero 34 lograron un acuerdo de último momento.
“Dejámelo nomás mi casita por favor, ¿a quién tengo que pagar para que no me la hagan caer?, ¿dónde van a dormir mis hijos?”, fue el clamor de Guadalupe, una afectada.
Al igual que ella, más de una veintena de personas suplicaron para frenar el avance de la maquinaria. Varios vecinos optaron por encerrarse en y así impedir la destrucción sus viviendas. Sus intentos fueron vanos, porque los uniformados los desalojaron.
El vicepresidente del barrio, Jhonny Ayala, explicó que es la tercera vez que se demuelen casas en el sector. Son personas que compraron lotes de la familia Mercado Muriel hace nueve años.
“Hemos adquirido los terrenos de buena fe de tres hermanas. Ellas tienen un documento que acredita que son dueñas. Hay un folio de 1959, en Derechos Reales, que indica que son herederas”, expresó.
Sin embargo, otro vecino, Boris Choque, indicó que hace cinco años apareció Gualberto Mercado Olmos y manifestó ser el verdadero propietario, por lo que inició un proceso legal en contra de los asentados. Un juez resolvió a su favor y con su orden se procedió a la demolición, ayer.
“Lamentablemente, nos han estafado. Hemos tenido que tranzar con el señor Mercado Olmos para no perder nuestras casas”, aclaró.
Choque sostuvo que el propietario enseñó a la gente del lugar el título que le otorgó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por 12 hectáreas. Además, desde un principio mostró predisposición para conciliar con los pobladores del sector.
“Las señoras tienen un proceso penal por engañarnos. Una está en la cárcel, otra con arresto domiciliario y la tercera está prófuga de la justicia”, detalló.
Algunas casas eran cuartos con un baño. Mientras otras eran construcciones más grande. Para muchos, se trataba del ahorro de su vida.
“Estoy perdiendo el trabajo de toda mi vida. He comprado el lote con más de 3 mil dólares y hacer mi casa costó otros 10 mil”, relató otro afectado.
Ayala afirmó que las familias no tuvieron tiempo para sacar sus cosas porque fueron notificados la noche del jueves.
“El Tribunal Agroambiental le concedió la tutela provisional al señor Gualberto hasta que se dilucide el problema en la vía ordinaria. Tenemos una demanda en Sucre para definir si los predios son civiles o pecuarios”, acotó el dirigente
Con el fin de evitar enfrentamientos y oposición, el Comando de la Policía movilizó 120 efectivos. “Estamos cumpliendo una sentencia. Nuestra presencia es para garantizar un escenario de tranquilidad y respeto”, señaló el comandante regional del valle bajo, Iván Luque.
La tensión permanece en el lugar, porque varias personas desalojadas no se resignan a perder sus lotes y anunciaron que se quedarán.
PUNTOS DE VISTA
“No tenemos ningún aprehendido. Sólo hemos trasladado a una mujer de 46 años al hospital de Villa Urkupiña, porque se descompensó”. Iván Luque. Comandante regional
“Desde el año pasado sabíamos que iban a demoler más de 100 casas. Luego dijeron 80, pero siempre hubo la opción de acordar con el propietario”. Boris Choque. Vecino cerro de Cota
Fuente: lostiempos.com
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