Ahoradigital – La Justicia boliviana determinó este domingo enviar con detención preventiva a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, a tres ciudadanos brasileños investigados por su presunta participación en el asesinato del teniente Yerson Salazar, ocurrido en el municipio fronterizo de San Matías.
Los tres extranjeros deberán permanecer 180 días en Palmasola mientras avanzan las investigaciones por la muerte del uniformado, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado después de la emboscada registrada el pasado 30 de julio en la comunidad Ascensión de la Frontera.
Los investigados fueron identificados como Gustavo Martín Slobato, Gabriel González Mineiro y Arnaldo Morandín Junior. Según los reportes policiales, fueron capturados durante un operativo desarrollado en la zona fronteriza, en una investigación relacionada con una estructura criminal vinculada al narcotráfico y al tráfico de armas.
La audiencia realizada este domingo corresponde específicamente al proceso por el asesinato del teniente Salazar. Un día antes, los tres brasileños y otros cuatro bolivianos ya habían recibido detención preventiva por delitos relacionados con tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa, confabulación y portación ilícita de armas.
La defensa de los ciudadanos brasileños anunció que apelará la decisión judicial. El abogado José Elías Islas sostuvo que existen inconsistencias en la acusación y afirmó que sus defendidos no se encontraban en el lugar donde ocurrió el asesinato, aunque habrían sido reconocidos posteriormente por efectivos policiales.
El caso tomó una nueva dimensión luego de que, durante el fin de semana, cuatro ciudadanos bolivianos fueran abatidos por la Policía Militar de Brasil tras permanecer varios días ocultos en una zona boscosa de Mato Grosso do Sul.
Entre los abatidos se encontraba José Mariano Paz Chávez, alias “Piña”, a quien la Policía Boliviana señala como uno de los presuntos autores materiales del asesinato del teniente Salazar.
De acuerdo con información policial, la investigación apunta a una posible estructura criminal que operaba en la frontera entre Bolivia y Brasil y que estaría relacionada con actividades de narcotráfico y tráfico de armas.
El Ministerio Público deberá continuar con las investigaciones para establecer el grado de participación de cada uno de los acusados y determinar cómo se produjo la emboscada que terminó con la vida del uniformado.
Ahoradigital con información de Unitel, Correo del Sur, Red Uno y La Razón.
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