El extraño caso de la doctora acusada de intentar asesinar a un magistrado desconectando la máquina que lo asistía en un hospital de Durango tiene visos de novela policiaca. En apenas dos días, la trama ha presentado elementos desconcertantes: a la internista primero se la dio por desaparecida y luego, para sorpresa de todos, resultó estar detenida en la Fiscalía. Ahora permanece en su casa a la espera de que el proceso se reanude el lunes y la familia considera que todo “es un montaje”.
La investigación sitúa el vehículo de la doctora Azucena Calvillo, de 34 años, entrando el pasado domingo a las cuatro de la madrugada, “fuera de sus horas de labor”, al hospital 1 del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) de Durango, donde según la Fiscalía, le facilitaron el acceso porque “era habitual” del centro médico. Trabajaba allí por las tardes en terapia intensiva. “Un empleado la identificó”, dice la Fiscalía. Las cámaras del hospital, supuestamente, graban a una persona “de sexo femenino” en la habitación donde el magistrado Héctor Silva Delfín convalece sedado e intubado por una afección de covid-19. Después, dijo la fiscal Ruth Medina, el mismo coche abandona las instalaciones y las cámaras de las calles siguen su trayecto rumbo a la carretera de Mazatlán, en dirección a la vivienda de la médica.
La persona en cuestión llevaba un equipo de protección y trató de desconectar las máquinas que mantenían con vida al magistrado, pero saltaron las alarmas y lo que pudo ser un homicidio se quedó en tentativa gracias a la intervención del personal médico. Una compañera de trabajo, que quiere mantenerse en el anonimato, afirma que con un equipo de protección para la covid “nadie puede saber con certeza” quien lo lleva puesto. Además, afirma, “una persona encargada de terapia intensiva sabe muy bien desconectar esas máquinas sin que salten las alarmas, o bajar los parámetros” si lo que quiere es acabar con la vida de alguien. En el cuarto del hospital quedó también, según los investigadores, una jeringuilla con una sustancia aún por determinar.
El lunes por la mañana, la doctora Calvillo, según su compañera, acudió con normalidad al hospital General, donde también se encarga de la terapia intensiva en el ala de covid. Y por la tarde acudió a la clínica 1 del IMSS para desempeñar su jornada. Cuando acabó llamó a su marido, enfermero en el General, para decirle que regresaba a casa, a eso de las ocho y media, pero no llegó. Alertado, el enfermero Leonel Soto Quintero acudió a las dos de la madrugada, entre el lunes y el martes, a la Fiscalía para denunciar la desaparición de su esposa. Nadie sabe nada. Por la mañana del martes, sus compañeros del hospital mueven las redes sociales en su búsqueda y finalmente la Fiscalía emite un comunicado en el que afirma que la mujer está con vida, pero lleva detenida horas por tentativa de homicidio. ¿Por qué no se lo dijeron al marido cuando acudió a buscarla?
El martes se suceden las protestas por parte del personal médico, porque nadie ha podido aún comunicarse con la doctora, ni su marido, que exige verla. “Pero a las ocho de la noche del martes todavía no había tenido contacto con ella” afirma su compañera. “Tampoco pudo contar con defensa”. Entre las ocho y las nueve de la noche, después de que el personal médico tomara el bulevar de la Fiscalía con pancartas exigiendo su liberación, el marido puede por fin verla, entre las ocho y las nueve de la noche. Salió en libertad a eso de las 2:45 de la madrugada, “echa un mar de lágrimas” y con el apoyo de sus colegas concentrados que gritaban “Sí se pudo”.
A la espera de que se reanude el proceso y se concreten los cargos contra ella, varias cuestiones mantienen este caso en el misterio: ¿Qué hacía la doctora en el hospital ese domingo si no le tocaba trabajar? ¿Estaba sustituyendo a algún compañero? ¿Alguien de verdad la ha identificado? ¿Hay alguna razón por la que esta mujer quisiera matar al magistrado? La familia opina que todo es un montaje. El marido ha contado a este periódico por teléfono que “ella permaneció en casa la noche del domingo”, al igual que el coche, y cree que las cámaras puede reflejar la entrada del vehículo cualquier otro día. Afirma también que “no conocía de nada al magistrado Silva Delfín”.
“Si estaba cubriendo a otro médico ese domingo, lo lógico sería que él hablara y lo reconociera”, afirma la compañera. “Como mucho, dice, hay un par de internistas o tres a los que pudo haber sustituido, no más”, dice. Reconoce que en ocasiones se intercambian los turnos sin comunicación oficial.
El magistrado Héctor Silva Delfín ingresó grave en el transcurso del domingo y su situación se fue deteriorando, dice la colega de Calvillo, y afirma que se mantenía intubado y sedado. Silva Delfín es hermano de Velia Patricia, que ha sido delegada del IMSS en Durango hasta el 15 de enero de este año, el mismo cargo que ahora ejerce en Tamaulipas. Leonel Soto, el marido, dice que Calvillo tampoco tuvo trato con ella. El IMSS, en un escueto comunicado emitido este martes, se muestra dispuesto a colaborar con la investigación y reclama “que se observe en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia”.
“La doctora es originaria de Zacatecas y allí se formó, después hizo una residencia en Durango y se quedó a trabajar. Es de la vieja escuela, su trabajo es impecable, es una persona íntegra que no se mete con nadie. Deja a su niña con la familia y acude a trabajar cada día”, afirma su compañera, que rechaza que haya tenido en algún momento algún encontronazo con la hermana del magistrado cuando era delegada en Durango. Para defender a Azucena Calvillo sus compañeros amenazaron con parar sus funciones en las áreas covid de los hospitales en los que trabajan.
El marido atribuye todo a un montaje “para inculparla”, una opción que nunca es descartable en un país como México, donde los investigadores y la justicia a veces “siembran” pruebas falsas para inculpar a alguien. Pero eso solo dejaría otro interrogante abierto. ¿Por qué iban a querer involucrar a la doctora Calvillo?
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