El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este martes que Roger Mariaca debe ser considerado, según la hipótesis gubernamental, como el presunto líder de una organización criminal y no solamente como un exfiscal general del Estado.
“Era el jefe de una estructura criminal”, sostuvo Oviedo en una entrevista con Unitel, al señalar que la presunta red habría contado con la participación de fiscales, abogados y algunos policías.
La autoridad aclaró que sus declaraciones no implican a todos los integrantes de esas instituciones, pero aseguró que algunas personas habrían estado al servicio de la estructura investigada.
Armas de largo alcance y dinero en efectivo
Oviedo señaló que durante los allanamientos realizados en propiedades y espacios vinculados a Mariaca se encontraron numerosas armas de fuego, entre ellas armamento moderno de largo alcance.
Según explicó, de la cantidad de armas incautadas, solamente dos pistolas estaban registradas a nombre de la Fiscalía. El ministro consideró que el resto del armamento no correspondía a las funciones habituales de los representantes del Ministerio Público.
La autoridad también mencionó el hallazgo de dinero, vehículos y otros bienes durante los operativos. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, las investigaciones permitieron secuestrar más de Bs 10 millones en efectivo, además de vehículos de alta gama, documentos de propiedad de motorizados e inmuebles.
El fiscal Edwin Sarmiento indicó que los investigadores también trabajan para identificar a terceras personas que presuntamente habrían figurado como titulares de bienes vinculados al caso.
La investigación continúa
El ministro de Gobierno aseguró que las pesquisas todavía no han concluido y que continúan las labores para establecer el alcance de la presunta organización y determinar las responsabilidades individuales.
Según Oviedo, también comienzan a aparecer personas que habrían sido víctimas de extorsiones y otros hechos relacionados con la estructura investigada.
Además de Mariaca, el caso involucra al exfiscal superior Martín Irusta, al exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos y al mayor de Policía Rubén Sarmiento. También se investiga al exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, quien permanece prófugo, según el reporte de Unitel.
Las investigaciones apuntan a establecer si existió una estructura que utilizó espacios de las instituciones estatales para favorecer actividades ilícitas. Las acusaciones deberán ser sustentadas dentro del proceso judicial y las responsabilidades de cada investigado deberán determinarse conforme a la ley.
Ahoradigital





